La Ley Vasca de Cooperación al Desarrollo entró en vigor el 8 de marzo de 2007, una herramienta fundamental para la regulación clara y efectiva del régimen jurídico de las actuaciones que en la materia desarrollen Administraciones Públicas y ONGDs, que da una respuesta adecuada a los retos actuales de la cooperación vasca.

Se trata, además, de la primera ley del Estado que se compromete a destinar a cooperación el 0'7% del presupuesto total de gasto del Gobierno Vasco en una fecha determinada, en concreto en el año 2012.

Esta Ley orienta la política pública de cooperación identificando principios y objetivos que definen la solidaridad vasca con los países y pueblos empobrecidos. Entre esos principios destaca el de la solidaridad desinteresada, el respeto a la diversidad, la defensa de los derechos humanos y la lucha por la consecución de una igualdad real de mujeres y hombres. Y entre los objetivos prima el de erradicar la pobreza, el hambre, la desigualdad y la injusticia.

Esta norma es también un instrumento necesario para una mejor organización de la cooperación vasca. Refuerza, amplía y consolida las funciones del Consejo de Cooperación de tal manera que contribuye a garantizar que la adopción de decisiones más importantes, entre ellas las relativas a la orientación de la cooperación, sea participativa y esté suficientemente contrastada con organizaciones sociales e instituciones.

Para una mejor coordinación, la Ley crea la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo, con presencia del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y de los Ayuntamientos, una coordinación necesaria y reclamada por los diferentes agentes de cooperación desde hace años.

Y de especial importancia son los capítulos que hacen referencia a los agentes de cooperación y a las personas cooperantes. A los primeros, a ONGDs y entidades sin ánimo de lucro, se les reconoce en el texto de la Ley su papel fundamental a la hora de canalizar la solidaridad pública. De hecho se les reconoce con respaldo legal su rol de principales agentes de la cooperación vasca.

Y, en cuanto a las personas cooperantes, el articulado recoge el reconocimiento jurídico de quienes dedican sus esfuerzos a la solidaridad con los pueblos empobrecidos, con el objetivo de garantizar que realicen esta importante labor en las mejores condiciones posibles y con el máximo de garantías.