CONCLUSIONES

2.- En este proceso de transformación económica y de aumento del bienestar se pueden distinguir tres grandes períodos, que guardan un cierto paralelismo con el avance del autogobierno.
Un primer período de reestructuración, que transcurrió entre 1981 y 1988, en el que la prioridad fue la promoción económica, la modernización del tejido productivo y la mejora de las infraes-tructuras, gracias a la recuperación del autogobierno que se produjo en la primera mitad de la década de los 80.
Un segundo período, de reasignación, que transcurre entre 1989 y 1998, en el que se estanca el desarrollo del autogobierno. En consecuencia, es preciso recurrir al endeudamiento y a una polí-tica de reasignación para consolidar el gasto social derivado de la implantación de políticas más avanzadas, fundamentalmente en los ámbitos de la Sanidad y la Educación, sin detrimento de las inversiones de capital.
Un tercer y último período, de consolidación fiscal, que transcurre desde 1998 hasta el presente, en el que no sólo sigue sin producirse ningún avance significativo en materia de autogobierno, sino que además se desarrolla un proceso de involución autonómica. En este período, el menor peso específico de la deuda y la eficiencia en la utilización de los recursos internos permite una mejora de las políticas sociales, que se traduce en un aumento porcentual de los gastos relativos a asistencia y bienestar social, ordenación del territorio, vivienda y medio ambiente.
En definitiva, podríamos decir que en materia de profundización del autogobierno se han perdido los tres últimos lustros, a pesar de las reiteradas exigencias políticas e institucionales a la Administración Central para que se transfieran en su totalidad las competencias que contemplaba en 1979 el Estatuto de Gernika.

3.- A pesar de este estancamiento competencial, las políticas públi-cas institucionales y un sector empresarial dinámico han seguido exprimiendo las ventajas del autogobierno para consolidar el proceso de crecimiento.
Pero, en la actualidad, y tras casi 25 años de autonomía, se abre un período de incertidumbre en el que los márgenes de actuación de las Instituciones vascas se estrechan y se limita nuestra capacidad de actuación para dar respuesta al nuevo escenario europeo e internacional.
La economía vasca se enfrenta ante importantes amenazas como el inminente proceso de ampliación de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que los países de la Europa del Este que están a punto de incorporarse, disponen de una fuerza laboral con una buena cualificación técnica y unos bajísimos costes laborales relativos, en torno a una décima parte de la media europea ac-tual , lo que representa un creciente desafío para nuestro futuro económico.
Nuestra gran oportunidad consiste en responder a este desafío adaptándonos rápidamente al nuevo Modelo Económico que está emergiendo en el ámbito europeo e internacional. Para ello, es preciso y urgente acelerar una segunda transformación econó-mica de Euskadi.

4.- Los ejes que Euskadi debe adaptarse al Nuevo Modelo Económico que se está perfilando son:

- Construir la sociedad de la información y el conocimiento
- Ser un referente europeo de la investigación y la tecnología.
- Impulsar la calidad total como filosofía de gestión integral de las empresas.

Para ello, es preciso abordar urgentemente la segunda transformación económica de Euskadi sobre los siguientes pilares:

- La educación y la formación permanente.
- La investigación, el desarrollo y la calidad
- La potenciación de nuestra localización física y nuestra articulación económica en el eje europeo.
- La construcción de un espacio de solidaridad social que garantice la protección social y aumente el bienestar de todas las personas.

La estrategia de congelación de competencias y la política de involución autonómica, han acelerado el agotamiento del Estatu-to de Gernika.
El actual marco de autogobierno se encuentra en una encrucijada, y lo que es más preocupante aún, la estrategia seguida por el Gobierno Central ha “atenazado” las propias potencialidades del Estatuto, poniendo gravemente en peligro la competitividad de nuestro tejido económico y horadando profundamente los pilares sobre los que se debe asentar la segunda transformación de Euskadi.

5.- En lo que respecta al primero de los pilares, es decir, la educación y la formación, Euskadi presenta unos ratios mejores que la media del Estado español. No obstante, si aspiramos a ocupar puestos de excelencia, debemos situarnos entre los mejores, tanto en coste como en calidad y resultados del sistema educativo.
Esta es la previsión que se recoge en el espíritu del artículo 16 del Estatuto de Gernika y que ha sido cercenado por toda una legislación restrictiva y uniformizadora, como la LOGSE, la Ley de Calidad, la Ley Orgánica de Universidades y la ley Orgánica de Formación Profesional.
Todos estos instrumentos normativos encorsetan la capacidad de la Comunidad Vasca para desarrollar una política educativa “pegada al terreno”, que nos permita adaptarnos a los nuevos requisitos de la sociedad del conocimiento. De nuevo, el Estado legisla tarde y en la dirección equivocada, condenando al sistema educativo vasco a ser un mero gestor de la planificación y ordenación educativa realizada desde Madrid y alejada de las necesidades de nuestro sistema productivo.
Un ejemplo paradigmático de este panorama se refleja en el proceso de “renacionalización” de la Formación Profesional, bajo el pretexto de que los fondos de las cuotas de los trabajadores vascos son parte de la caja única de la Seguridad Social, y ello a pesar de que el Tribunal Constitucional ha establecido claramen-te que las cuotas de formación no forman parte de los recursos de la seguridad social. A esta lamentable situación hay que aña-dir la confusión en el ámbito de la financiación de la formación continua, y la negativa, en los últimos años, de la Administra-ción Central a financiar las actividades de la Fundación Hobetuz, por mera discrecionalidad política.

El resultado es que las limitaciones impuestas al desarrollo de una política propia en materia de educación y de formación profesional constituyen una pesada rémora para abordar una segunda transformación económica de Euskadi, basada en las personas y en la economía del conocimiento.

6.- En cuanto al segundo de los pilares, es decir, la investigación y desarrollo, se puede afirmar que el camino recorrido gracias al esfuerzo endógeno de las empresas e Instituciones Vascas ha sido admirable, pasando de 0,1% del PIB en 1980 al 1,5% del PIB a finales del año 2001.
No obstante, este esfuerzo ha estado lastrado por el bloqueo del Estado a la transferencia de la investigación científica y técnica, a pesar de estar contemplada expresamente en el Estatuto de Gernika. Esta decisión política unilateral del Gobierno español se ha traducido en una pérdida de más de 800 millones de euros dedicados a investigación en Euskadi sólo en la última década. Es decir, se está minando a conciencia uno de los pilares básicos de la competitividad presente y futura de la economía vasca.

7.- En relación con el tercer pilar, la potenciación de Euskadi como ciudad-región europea, es necesario afirmar que la concurrencia de actuaciones entre las Instituciones Vascas y el Estado, o bien la injerencia directa de la Administración del Estado en competencias exclusivas vascas, provoca grandes dificultades para apuntalar este tercer pilar a través de una gestión integral del sistema de transportes.
Así por ejemplo, en materia de carreteras, y concretamente en las vías de alta capacidad que articulan el territorio, se da la paradoja de que la gestión se halla dividida entre diversas administraciones. Esta situación ha sido provocada por una de las decisiones más injustas y decepcionantes de las que haya podido emitir el Tribunal Constitucional, que en su sentencia del 18 de junio de 1998 establece que las carreteras incluídas en la red del Estado mediante Ley, quedan excluídas del ámbito de las competencias forales, lo que supone, impedir cualquier posibilidad de gestión conjunta de las mismas.
En materia de ferrocarriles, se han perdido dos décadas en la construcción de una nueva línea de alta velocidad que nos hubiera permitido acceder a la red europea de alta velocidad y ofrecer una salida al transporte de mercancías de los Puertos de Bilbao y Pasajes. Además, la falta de traspaso de los servicios intracomunitarios del Bilbao metropolitano ha dificultado su integración y revitalización.
En el caso de puertos y aeropuertos, en contra de toda lógica y de espaldas a los usos y costumbres que imperan en la unión europea, el Estado español se reserva la competencia exclusiva de los mismos por el artículo 149.1.20 de la Constitución, manteniendo la negativa a traspasar su gestión a la Comunidad Vasca, a pesar de que el modelo de planificación centralizada desde Madrid se ha demostrado totalmente inconsistente e ineficaz.
El transporte debe gestionarse como sistema en el marco de la estrategia global de Euskadi. Este es el desafío al que da res-puesta el Plan Director del Transporte Sostenible, cuya implantación va a verse dificultada por las insuficiencias del marco ac-tual.

8.- La construcción de Euskadi como ciudad global exige, además de potenciar su articulación infraestructural, potenciar su articulación económica.
En este sentido, la capacidad de regular la actividad económica, de ordenar el funcionamiento del sistema financiero, de fomentar los sectores productivos, de disponer de un marco autónomo de relaciones laborales y de establecer una política fiscal y presupuestaria propia, constituyen elementos fundamentales para consolidar una verdadera plataforma para el desarrollo de bienes y servicios de valor añadido que constituya un núcleo de refe-rencia en el eje atlántico europeo.
Las cortapisas, dificultades, condicionantes y barreras establecidas por la Administración Central en las citadas materias a lo largo de estos años han sido más que evidentes.
No cabe sino recordar ejemplos tan significativos como la reciente Ley de Cajas del Gobierno español, que ha convertido en papel mojado nuestra competencia exclusiva en materia de Cajas de Ahorro. En esta misma línea, las competencias sobre banca y seguros, a que hace referencia el artículo 112 a) del Estatuto, son inexistentes, incluso en términos de pura ejecución. Se ha burlado la competencia en materia de crédito oficial. Se ha negado la participación de las Instituciones vascas en el sector público estatal de la Comunidad Autónoma, a pesar de la previsión del artículo 12.7 del Estatuto. Se ha impedido el desarrollo de un marco propio de relaciones laborales, incorporándose un sistema de relaciones laborales que responde a la representación de los agentes económicos y sociales de todo el Estado, muchas veces de forma contradictoria con la representatividad y la capacidad de negociación en el ámbito vasco. Por su parte, el propio Con-cierto Económico ha sufrido también los efectos de la política de vaciamiento de competencias que ha seguido el Gobierno Central con Euskadi. El proceso de judicialización de la política fiscal, la falta de participación de las Instituciones vascas en la toma de decisiones de la Unión Europea en materia fiscal, y los límites a la autonomía financiera que supone el principio de igual presión fiscal, así como la normativa sobre estabilidad presupuestaria, establecen unas barreras que hacen vulnerable al Concierto Económico y le impiden desplegar todas sus potencialidades como instrumento de política económica y de solidaridad social.
En definitiva, el tercer pilar sobre el que construir una Euskadi articulada económicamente y con capacidad para convertirse en un polo de atracción y de referencia en el eje europeo, ha sido totalmente mediatizado por una política dirigida a recuperar la centralidad de Madrid como núcleo de negocios de todo el Estado español en el que se concentran las decisiones de inversión, tanto estatales como extranjeras. Madrid, apoyada en la concentración de los órganos administrativos del Estado y especialmente en la concentración de los servicios avanzados de órbita administrativa, como los órganos de regulación económica y de investigación, además de en la permanencia de una concepción radial del desarrollo, ha concentrado el 67% de todas las inversiones extranjeras brutas efectivas en empresas españolas no cotizadas en el período 1993-2002.

9.- El cuarto pilar, el que se refiere a la mejora de la protección social, constituye el objetivo resultante de todo sistema económico. No hay crecimiento económico sin solidaridad y no hay solidaridad sin crecimiento económico. El desarrollo de un sistema de solidaridad social que garantice la atención a las ciudadanas y ciudadanos menos favorecidos representa, por tanto, el vértice de referencia de la segunda transformación económica de Euskadi.
Este cuarto pilar ha recibido un impulso notable en Euskadi, so-bre todo de la mano de aquellas políticas de protección social gestionadas por las Instituciones Vascas, concretamente en materia de familia, vivienda, inmigración y lucha contra la pobreza. Solamente a título de ejemplo cabría destacar la elevación de la renta básica desde el 53% del salario mínimo en 1998 hasta el 81% en el 2003.
No obstante, la política vasca de protección social necesita un impulso decisivo para acercarse a los parámetros europeos y ese impulso sólo puede venir de la gestión integrada de todos los ámbitos relacionados con la solidaridad social, el refuerzo de la previsión social complementaria, y el desarrollo en exclusiva de la competencia global en materia de asistencia social.
En todas y cada una de estas dimensiones, la Administración Central, simplemente ha hecho caso omiso de las propias previ-siones estatutarias “La Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la seguridad social…”, o bien ha ido poniendo “palos en las ruedas” de las competencias asumidas, caso, por ejemplo, de las leyes de ordenación del seguro, la legislación abusiva sobre Planes y Fondos de Pensiones…etc.
El resultado de esta concurrencia de actuaciones y las limitaciones añadidas por la utilización abusiva de leyes básicas, ha configurado en Euskadi un modelo de protección social ineficaz y fraccionado. De tal forma que las mismas personas, a medida que transitan por diferentes situaciones, se hacen acreedoras de prestaciones diversas –pensiones no contributivas, subsidio de desempleo, renta básica, complementos de mínimos, etc… , que tienen que gestionar ante administraciones distintas, la vasca y la española, lo cual entraña una falta de eficacia en la prestación de servicios y una notable pérdida de bienestar para toda la so-ciedad vasca.

10.- La evidencia de las limitaciones y dificultades de funcionamiento del actual Estatuto, desde la perspectiva del sistema económico es abrumadora. No sólo desde un punto de vista cuantitativo por la falta de cumplimiento del mismo y por la expropiación de competencias a través de leyes básicas y de sentencias del Tribunal Constitucional , sino, sobre todo, desde un punto de vista cualitativo, porque se ha tejido en torno al mismo una “tela de araña” legal y jurisprudencial que ha encorsetado su interpretación, impide su desarrollo y anula sus potencialidades. De tal forma que el Estatuto de Gernika ha quedado desfigurado y sumido en la indefensión jurídica y lo que en su día se constituyó como un pacto entre dos partes, se ha configurado como un instrumento al albur del capricho del Gobierno Central de turno.
Evidentemente, es cierto que el actual marco de autogobierno permite a las Instituciones vascas mejorar la utilización de los recursos disponibles mediante la reasignación de las prioridades en los gastos e inversiones públicas. Pero, no es menos cierto, que para afrontar los retos de futuro Euskadi necesita disponer de nuevos instrumentos, de mayores capacidades de autogobierno y, sobre todo, de un nuevo marco de relación con el Estado que garantice la seguridad jurídica para ambas partes y no esté sujeto a la interpretación unilateral de su contenido.

11.- La necesidad de un nuevo marco de autogobierno, no es, en de-finitiva, un capricho político ni tampoco un elemento de confrontación ideológica. La Propuesta de un Nuevo Estatuto se configu-ra como una necesidad imperiosa para sanear, apuntalar, conso-lidar y desarrollar los pilares que van a permitir la segunda transformación económica de Euskadi, es decir,

- la educación y la formación permanente de las personas.
- la investigación, el desarrollo y la calidad.
- la localización física y económica de Euskadi
- la solidaridad y el bienestar social

La Propuesta del Nuevo Estatuto constituye una respuesta adecuada para construir un nuevo espacio económico de crecimiento y solidaridad sobre los pilares que configuran el Nuevo Modelo Económico del siglo XXI.

12.- El desarrollo de esta segunda transformación económica de Euskadi se realiza respetando los aspectos básicos que configuran la unidad de mercado en el ámbito estatal. Para ello, en el Nuevo Estatuto se atribuyen una serie de competencias exclusivas al Estado (artículo 45); se consolida la continuidad del sistema de Concierto y se garantiza la libertad de circulación y establecimiento de las personas, bienes, capitales y servicios, sin menoscabo de la competencia empresarial (artículo 55). Asimismo, se establecen mecanismos de coordinación y colaboración, tanto en las políticas presupuestarias y financieras como en el mercado laboral y en el régimen de seguridad social. De esta forma, se garantiza la unidad de mercado, las relaciones mercantiles y comerciales y la movilidad de los factores productivos, bajo un marco normativo común, sin perjuicio de la singularidad y la exclusividad de las políticas públicas atribuidas a las Instituciones Vascas.

13.- A partir de esta constatación, en el Nuevo Estatuto Político se apuntalan los siguientes pilares:

a) La educación y la formación de las personas, a través de la competencia exclusiva de todas las políticas educativas y culturales, integrando todas las dimensiones de la formación: enseñanza en todos sus niveles y formación profesional, reglada, ocupacional y continua (artículo 47).
b) La competencia exclusiva en el conjunto de políticas económicas sectoriales y en la regulación y ordenación de la actividad económica y financiera (artículos 49, 56 y 57), que incluyen específicamente las políticas de investigación científica y técnica, las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información y el conocimiento, así como las telecomunicaciones, además de ampliar la capacidad de ordenación económica de los sectores industriales y la regulación del merca-do y la competencia.
Este conjunto de políticas permitirán, no sólo potenciar el pilar de la investigación y el conocimiento, sino también consolidar a Euskadi como ciudad-región global desde el punto de vista económico.
c) La capacidad de definir y ejecutar una política integral de los recursos naturales y de infraestructuras de transporte y comunicaciones en todas sus modalidades, (artículos 50 y 51), que permitirá potenciar la localización física y la regeneración medioambiental, como uno de los factores esenciales para convertir a la Comunidad Vasca en una localización referencial en el conjunto de ciudades-región europeas.
d) La atribución a Euskadi de todas las potestades y funciones necesarias para el establecimiento y regulación de un ámbito sociolaboral propio, sin perjuicio de la colaboración y cooperación con el ámbito estatal y europeo (artículo 53). Ello posibilitará una mayor adaptación de la negociación colectiva y la representatividad de los agentes económicos y sociales a nuestra realidad social, facilitando el diálogo social en Euskadi. Porque, el acuerdo y el diálogo social entre los sindicatos y las empresas vascas es uno de los elementos fundamentales para impulsar, de común acuerdo, un Nuevo Modelo Económico que tome en consideración los diferentes aspectos e intereses de toda la sociedad vasca: crecimiento, productividad, estabilidad laboral, política salarial, solidaridad, participación y previsión social.
e) Una política fiscal y tributaria que garantice los principios de potestad tributaria y autonomía financiera, así como los mecanismos de coordinación con el Estado (artículos 58, 59, 60, 61 y 62).
En este sentido, corresponde a Euskadi definir, regular y gestionar sus propios presupuestos y su propia política fiscal y financiera para hacer frente a las demandas y exigencias del modelo de desarrollo sostenible del que los vascos deseamos disponer.
Asimismo se clarifica la contribución de los vascos para sufragar las cargas generales del Estado mediante la aportación de un cupo global en el marco del Concierto Económico (artículo 60.3)
f) El desarrollo de una verdadera política integrada de protección social y de solidaridad, en la que se contemplan las políticas sociales y sanitarias (artículo 48) y las propias políticas de protección social (artículo 54), incluída la atribución a los poderes públicos vascos del régimen público de seguridad social que garantice a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, presentes y futuras. Todo ello a través de un presupuesto propio en materia de seguridad social y del establecimiento de un mecanismo de participación financiera con el Estado, de tal forma que queden garantizados los principios de solidaridad y no discriminación con los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado.

La asunción por parte de las Instituciones Vascas de todas las dimensiones de la política de protección social permitirá la supe-ración de la fragmentación actual –renta básica, pensiones, desempleo, subsidios, previsiones no contributivas… etc y podre-mos desarrollar una política integral de bienestar que evite las actuales disfunciones y posibilite alcanzar la convergencia con Europa, también en materia de gastos de protección social por habitante, todo ello sin perjuicio de la solidaridad con el resto del Estado.

14.- Conclusión final:
La Propuesta del Nuevo Estatuto Político representa, en sus rasgos generales y específicos, una respuesta clara y positiva a las insuficiencias y al bloqueo económico del actual marco institucional. Euskadi necesita disponer de los instrumentos de autogobierno precisos para acometer una segunda transformación económica que potencie nuestro crecimiento y aumente el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Nuestro futuro está en juego y la mejor respuesta posible a ese desafío es profundizar en nuestro autogobierno a través de un nuevo Estatuto Político que abra un nuevo marco de rela-ción política y económica con el Estado español.