1.- Introducción: "Abrir un nuevo tiempo político basado en el diálogo democrático"

El pasado 11 de septiembre, asistimos estupefactos a los atentados terroristas contra el corazón de Estados Unidos y una oleada de condena recorrió el mundo en solidaridad con las miles y miles de víctimas inocentes que la sinrazón y el fanatismo había provocado.El pasado 11 de septiembre, asistimos estupefactos a los atentados terroristas contra el corazón de Estados Unidos y una oleada de condena recorrió el mundo en solidaridad con las miles y miles de víctimas inocentes que la sinrazón y el fanatismo había provocado.El pasado 11 de septiembre, asistimos estupefactos a los atentados terroristas contra el corazón de Estados Unidos y una oleada de condena recorrió el mundo en solidaridad con las miles y miles de víctimas inocentes que la sinrazón y el fanatismo había provocado.

Se había hecho patente, con toda su crudeza, una amenaza latente que había ido creciendo desde las raíces del odio y la desesperación.

En el siglo del conocimiento, la humanidad vuelve a sentir la amenaza de la violencia y de la guerra. Parece que los seres humanos no hemos aprendido nada de la historia y alumbramos el siglo XXI con la pesadilla de la violencia y del sufrimiento.

Estos bárbaros atentados nos sitúan ante un gran debate sobre la seguridad mundial.

El debate, sin duda, debe girar en torno a cómo responder en legítima defensa y castigar a los culpables de esa brutal agresión, pero también, en cómo garantizar un mundo más seguro y más equilibrado. La respuesta a esta pregunta, en mi opinión, presenta dos alternativas.
Por una parte está la opción que defienden aquellos que opinan que la seguridad internacional se construye con la utilización de la fuerza y con la creación de una especie de estado policial mundial. La otra, es la de quienes opinamos que si no edificamos un nuevo orden internacional sobre la justicia, los derechos individuales, la solidaridad con los países desfavorecidos, y el reconocimiento y el respeto mutuo entre los pueblos, el mundo será, cada vez, más inseguro.
Es preciso extender la cultura de la Paz a nivel mundial y no la cultura de la guerra. A la intolerancia hay que vencerla con la democracia. Sólo un mundo más justo será un mundo más seguro.

Esta es la reflexión que tenemos que lanzar desde Euskadi.
Tenemos que hacer una llamada a la Paz. Tenemos que aportar nuestro granito de arena para construir un proyecto de convivencia en el que quepan todos los seres humanos y los pueblos de la Tierra, desde el respeto mutuo y apelando al diálogo para abordar la raíz de los problemas políticos y sociales que hoy padecemos en nuestro Planeta.

La aportación que desde nuestro pequeño Pueblo podemos hoy hacer para construir un mundo más humano, es que, entre todos, seamos capaces de utilizar el diálogo para solucionar nuestros problemas de convivencia.

En este sentido, y tal como les anuncié a todos ustedes en la Sesión de Investidura, celebrado el pasado 11 de julio, es mi intención abrir un nuevo tiempo político basado en el diálogo democrático.

Un diálogo que sea capaz de establecer unos principios éticos compartidos frente a la violencia, que posibilite el contraste normalizado de los diferentes proyectos políticos existentes y que logre fijar un procedimiento para la búsqueda de nuevos consensos básicos no alcanzados hasta el momento en la sociedad vasca.

En mi opinión, este Parlamento, en el que están representadas todas las fuerzas políticas que han recibido el apoyo de la ciudadanía vasca, debe ser el verdadero motor, el centro de operaciones, de este nuevo tiempo de diálogo político.

Es preciso revalorizar el papel del Parlamento Vasco como una Institución básica de nuestro Autogobierno. Entre todos tenemos que hacer de él un verdadero instrumento para dar soluciones políticas a los problemas de nuestros ciudadanos y ciudadanas, porque el Parlamento es el foro de diálogo por excelencia, representa, en sí mismo, el valor de la palabra frente a la barbarie de la violencia, y constituye la mejor manifestación de la fuerza de la razón, frente a la razón de la fuerza.

Por este motivo, y dando respuesta a los compromisos que asumí públicamente ante la sociedad vasca en el Debate de Investidura, considero oportuno que iniciemos esta Séptima legislatura con un pleno monográfico en el que podamos materializar el primer paso de esta nueva andadura política que entre todos tenemos que recorrer.
Un primer paso que debe servir para compartir la defensa de los derechos humanos y de las libertades frente a la violencia, y para diferenciar claramente la existencia de la violencia del problema de normalización política.

Un debate, en definitiva, para diferenciar de una vez por todas, la lucha contra cualquier vulneración de los derechos humanos por un lado, y el planteamiento de soluciones políticas para dar respuesta a los problemas políticos, por otro.
Estoy convencido de que vamos a tener una nueva oportunidad. La sociedad vasca se merece una nueva oportunidad y creo que es nuestro deber, como representantes políticos, desarrollar las iniciativas precisas que permitan abrir las puertas de "par en par" a esa nueva oportunidad. Porque una sociedad que vive sin esperanza y sin ilusión es una sociedad abocada al fracaso.
Yo creo en la sociedad vasca porque ha demostrado que tiene la madurez, la fortaleza de ánimo y la serenidad suficientes para afrontar cualquier reto, por difícil que éste sea.

Nos toca pues, a nosotros, demostrar ahora que estamos a la altura de nuestra sociedad.
Afrontemos con determinación la erradicación de la violencia, esa debe seguir siendo nuestra prioridad y nuestro objetivo como sociedad. Apliquemos con firmeza los instrumentos de que dispone el Estado de derecho para defender la libertad y la seguridad de las personas. Pero no caigamos en los errores del pasado. No sigamos subordinando la política a la violencia. Asumamos con toda serenidad que más allá de la violencia existe un problema político al que tenemos que dar soluciones desde la política y la democracia.

Es tiempo de hacer política.
ETA ha vuelto a demostrar, con sus barbaridades y crueles asesinatos, que no está dispuesta a permitir que hagamos política, quiere ejercer, por la vía de la violencia, el protagonismo que le ha negado la sociedad vasca.

La única decisión, el único protagonismo que le puede corresponder a ETA, es respetar la voluntad del Pueblo Vasco y abandonar definitivamente la violencia. Esa decisión es responsabilidad única y exclusiva de ETA. Nuestra responsabilidad, como representantes políticos es, precisamente, evitar que sea ETA quien fije el rumbo y marque el ritmo de la vida política y social de nuestro País.

Tomemos la iniciativa política y establezcamos los cauces democráticos para dar una oportunidad a la Paz y a la convivencia. Porque, si condicionamos el debate político a la desaparición de la violencia de ETA, estaremos entregando la llave de nuestro futuro a la decisión de ETA, estaremos cerrando todas las ventanas a la esperanza y volveremos a caer en el error de mezclar y confundir la erradicación de la violencia con la solución de los problemas políticos.

¿Puede haber algo que le dé más valor político al terrorismo que supeditar la defensa de los proyectos políticos legítimos que democráticamente han recibido el apoyo de la sociedad vasca, a la desaparición de ese terrorismo?

El objetivo fundamental de este pleno monográfico es doble. Por un lado, compartir principios y establecer procedimientos para defender los derechos humanos y las libertades de todas las personas y erradicar la violencia, y por otro lado, diferenciar claramente la existencia de la violencia del problema de normalización política, cuya existencia también es preciso reconocer y abordar mediante el diálogo, con el objetivo de lograr la convivencia.

En este sentido, mi intervención va a tener un apartado fundamental centrado en las iniciativas puestas en marcha para defender los derechos y las libertades de todas las personas, y para erradicar la violencia como objetivo prioritario de la sociedad vasca.

En segundo lugar, procederé a establecer claramente la diferenciación entre el problema de la violencia, es decir la vulneración injustificable de los derechos humanos y el problema de la normalización política. Porque, en mi opinión, sólo si partimos de esa clara separación y reconocemos la existencia de un problema político más allá de la violencia, seremos capaces de plantear y evaluar los procedimientos democráticos para su resolución.
Por último, haré una referencia al diálogo, precisamente como el procedimiento más adecuado para que, desde el principio compartido de la defensa de la vida y de los derechos humanos, podamos encauzar la solución a este problema de normalización política.

Abramos un nuevo tiempo político.
Quitemos la llave de nuestro futuro a la violencia y, desde el reconocimiento y el respeto mutuo, busquemos, por la vía del diálogo, nuevos consensos democráticos para la convivencia.

2.- La defensa de los derechos humanos y las libertades de todas las personas y la erradicación de la violencia como objetivo prioritario.

Con la decisión de la ruptura de la tregua y la trágica secuela de muertes, dolor y sufrimiento que ha provocado, ETA ha vuelto a poner de manifiesto su absoluto desprecio a la voluntad del Pueblo Vasco, -ese Pueblo al que sarcásticamente dice defender y respetar-, y también ha vuelto a demostrar su profundo desprecio a la vida humana y a la dignidad de las personas.

Aunque resulte reiterada, nunca nos vamos a cansar de expresar nuestra condena más rotunda y el rechazo inequívoco de la sociedad vasca a la utilización de la violencia y del terrorismo.
El mejor servicio que se puede hacer ETA a sí misma y a nuestro Pueblo, es desaparecer y dejar en manos de la sociedad vasca las decisiones sobre nuestro propio futuro.

Quiero adelantarles que no es mi intención reabrir el debate filosófico sobre las causas y el origen de la violencia, porque los principios éticos y morales prevalecen sobre las razones, cualesquiera que éstas sean, que le impulsan a alguien a cometer un asesinato.
Los actos violentos, los delitos, deben ser perseguidos y sus autores juzgados y encarcelados.

La violencia, todo tipo de violencia, es éticamente condenable, y políticamente rechazable, y punto. Este es un diagnóstico y un principio que debemos de compartir quienes apostamos, única y exclusivamente por las vías estrictamente políticas y democráticas para la solución de los conflictos.

Ninguna idea política, ningún proyecto, ningún derecho colectivo, debe defenderse conculcando los derechos individuales de las personas. Velar por la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos y ciudadanas es la obligación prioritaria de un Estado de derecho y la máxima responsabilidad de un Gobierno democrático.

Siendo esto así, e independientemente de las razones que en su día pudieron dar origen a la escalada criminal de ETA, es preciso reconocer que la violencia ha llegado a formar parte de nuestra vida social, se ha enquistado en las arterias de nuestra convivencia y se ha convertido en un fenómeno cuya erradicación excede con mucho a la mera detención policial de comandos, como si se tratara, simplemente, de encarcelar a una banda de delincuentes sin ningún tipo de referencia social y sin capacidad de regeneración.

La experiencia nos indica que la solución a la violencia que padecemos es más compleja que la simple adopción de medidas policiales, siendo estas estrictamente necesarias e imprescindibles.

Por eso, además de la eficacia de las medidas policiales, es preciso adoptar una serie de iniciativas sociales e institucionales complementarias que supongan un referente ético conjunto frente a la violencia, así como diseñar una estrategia de humanización y distensión para romper la espiral de dolor y sufrimiento a que nos quiere conducir ETA.

Desde esta perspectiva, y de conformidad con los planteamientos que presenté en esta Cámara el pasado mes de Julio, deseo poner en su conocimiento, y en el del conjunto de la sociedad, las iniciativas que ya están en marcha, tanto en el ámbito de la política de seguridad, como en el social e institucional, para defender los derechos humanos y las libertades de todas las personas.

2.1) Iniciativas en el Ambito de la Política de Seguridad

En el Debate de Investidura afirme que "el desarrollo de la política de seguridad contra el terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones, es uno de los pilares fundamentales del compromiso ético con la defensa de la vida y de los derechos humanos" porque la violencia quiebra directamente las bases sobre las que se asienta la convivencia de una sociedad moderna.
La prioridad del Gobierno en la lucha contra el terrorismo se explica así, no sólo por la defensa de la libertad y de los derechos individuales, sino como una necesidad de reacción en defensa del conjunto social.

En este sentido, la primera referencia que debo hacer al analizar la dimensión policial del ámbito de la seguridad es, sin duda, una felicitación y reconocimiento a la labor de la Ertzaintza. El trabajo de nuestra Policía en la lucha por las libertades ha sido, es y será, permanente y ha ido dando sus resultados de forma constante en el tiempo.

La segunda reflexión que quiero aportar, en este sentido, es mi sincero convencimiento de que la política de seguridad debe quedar fuera del debate partidista. Los primeros tiempos de esta nueva legislatura deben servir para que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara realicemos una profunda autocrítica sobre el debate, a mi juicio, radicalmente negativo, que se ha mantenido en los últimos años sobre esta materia.

Si hay una demanda social acreditada con absoluta claridad, esta es, precisamente, la de unir los esfuerzos de los agentes políticos y sociales en defensa del principio de la libertad y de los derechos fundamentales de las personas.

Con este enfoque, y desde estos principios, se están abordando por parte del Gobierno las medidas de la política de seguridad, articuladas sobre los tres ejes que planteé en el Debate de Investidura.

A) Coordinación con el Estado.
B) Refuerzo de las unidades de información y su coordinación con la seguridad ciudadana; y
C) Dimensionamiento adecuado de los recursos policiales.

A) Coordinación con el Estado

Conocen todos ustedes, porque gran parte de lo realizado ha tenido carácter público, el especial esfuerzo desarrollado en este ámbito durante estos meses.

El objetivo fundamental de la reunión mantenida entre el Consejero y el Ministro de Interior el pasado 3 de agosto, fue precisamente crear las condiciones políticas que permitieran avanzar en iniciativas de coordinación.

La mejora en la coordinación que se ha producido ha sido posible porque hemos partido de tres principios básicos:
- La coordinación es un elemento imprescindible para garantizar la seguridad de las personas.
- La coordinación debe plantearse como un elemento de trabajo preciso para la seguridad, sin confundirla con otros propósitos o intencionalidades, "despolitizando" y partiendo del respeto y reconocimiento a las respectivas responsabilidades.
- El eje sobre el que debe articularse la coordinación policial en Euskadi es la Ertzaintza. Este es un principio fundamental que debe reconocerse y respetarse, porque así fue constituido como un elemento nuclear del pacto estatutario, porque así es asumido por la sociedad vasca y porque la trayectoria ininterrumpida de la Ertzaintza durante veinte años así lo acredita.

De esta forma, hemos conseguido avances significativos, porque sobre los citados principios hemos sido capaces de dar con una clave fundamental: <li>"haber despejado el debate partidista de la política de seguridad"</i>.
Esto ha permitido reforzar el papel de la Comisión de Coordinación para la Seguridad de las Personas. Se han producido los intercambios de información precisos que han permitido mejorar el plan de seguridad de escoltas y se han desarrollado los sistemas de coordinación a fin de evaluar y analizar la información disponible para prevenir y evitar atentados contra la vida y la seguridad de las personas.

Ahora bien, la coordinación con el Estado en materia de seguridad tiene también otra vertiente de importancia capital en la que no hemos percibido ningún tipo de disposición favorable por parte del Gobierno español y que, evidentemente, debo lamentar porque reduce la capacidad de la Ertzaintza para luchar contra el terrorismo. Me refiero a la incorporación de la Ertzainza al convenio Schengen y su participación en los foros europeos relacionados con la política de seguridad interior.

En este sentido, exigir a la Ertzaintza resultados plenos y cerrarle, a su vez, el camino de la participación e, incluso, de la información en Europa es, pura y simplemente, una muestra de hipocresía y de falta real de voluntad política para superar situaciones de contradicción que vienen acompañando a la política de seguridad en estas dos décadas.

La aprobación por el Parlamento Europeo del Informe WATSON, en este mes de septiembre, debería despejar cualquier duda o reticencia política al respecto. Si se apoya la existencia de un auténtico espacio común de seguridad, con eliminación de barreras estatales para mejorar la eficacia de las medidas policiales de persecución del delito y para la efectividad de sentencias judiciales, no puede defenderse al mismo tiempo la exclusión de ese mismo espacio común de la Ertzaintza, como policía integral y prioritaria de Euskadi, es decir, de uno de los territorios de ese espacio común.

La lucha contra la violencia es una lucha basada en la información y, por tanto, la incorporación a todos los efectos de la Ertzaintza al convenio de Shengen no es un capricho o una veleidad nacionalista, es una cuestión fundamental para mejorar nuestra capacidad en la persecución del delito y en la lucha contra la violencia.

Pero, además, debo recordarles que estamos planteando cuestiones respaldadas por este Parlamento, que aprobó esta iniciativa ya en noviembre de 1999, precisamente sin el apoyo del Partido Popular ni de Euskal Herritarrok. Acuerdo que, en todo caso, debería ser respetado por el Gobierno español, en cuanto voluntad expresamente manifestada por esta Cámara.

Creo, sinceramente, que la negativa del Partido Popular para abordar esta cuestión pone de manifiesto un prejuicio político injustificable que denota, en realidad, un temor a nuestro legítimo autogobierno y que limita la capacidad operativa de la Ertzaintza.

B) Refuerzo de las unidades de información y su coordinación con las de seguridad ciudadana

Como avancé en el Debate de Investidura, puedo señalar con satisfacción, que se han mejorado los instrumentos precisos para reforzar las unidades de información y mejorar su coordinación con las de seguridad ciudadana.
En efecto, las Unidades dependientes de la División de la Policía de lo Criminal, han tenido una importante redistribución, incremento y especialización de sus efectivos, que ya se han incorporado en la propia Relación de Puestos de Trabajo y cuya cobertura se abordará de forma urgente, mediante los procedimientos de provisión previstos en la Ley de Policía.

Por otra parte, tanto la División de la Policía de lo Criminal, como la de Seguridad Ciudadana, han puesto ya en marcha órganos y procedimientos de coordinación que están dando sus resultados.
En este sentido, debo hacer mención al resultado extraordinariamente positivo que ha tenido la puesta en marcha, el pasado verano, del Plan de Acción contra la "Kale Borroka" establecido por el Departamento de Interior y coordinado entre ambas divisiones de la Ertzaintza.

Seguir y ahondar esta senda de trabajo serio y eficaz, libre de presiones externas, es el objetivo del Gobierno en esta materia.

C) Dimensionamiento adecuado de los recursos policiales

También planteé en el pasado Debate de Investidura una serie de medidas para mejorar el dimensionamiento de los recursos policiales.

A este respecto, el Departamento de Interior ha comenzado ya la elaboración de un Plan Director de reorganización y dimensionamiento de Unidades. Será, sin duda, un Plan complejo, cuya elaboración requiere la participación de los sindicatos policiales y la coordinación con las autoridades locales, pero se trata de un plan absolutamente necesario, porque después de culminado el despliegue territorial y tras dos décadas de experiencia, es preciso proceder a la adaptación, mejora y actualización de la Ertzaintza a las necesidades presentes.

Asimismo, se está trabajando para incrementar la coordinación preventiva con las Policías Locales, desarrollando, en primer lugar, los aspectos formativos como elemento clave que nos permita establecer en el futuro inmediato medidas de coordinación operativas.

2.2) Iniciativas en el Ambito social e institucional para la defensa de los derechos humanos y de las libertades

En este ámbito, quiero poner en su conocimiento las iniciativas que estamos poniendo en marcha para impulsar la concienciación social a favor de la no-violencia y la defensa del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas, sin distinción.
Estas iniciativas se sustancian en cinco aspectos: la elaboración de un Manifiesto Interinstitucional; el apoyo y la solidaridad con las víctimas del terrorismo; el diseño de un Observatorio de los Derechos Humanos y las Libertades; una Campaña de Sensibilización Social y la necesidad de desarrollar una Política Penitenciaria acorde con la Justicia y a los Derechos Humanos.

A) Manifiesto Interinstitucional

Dando respuesta al compromiso que anuncié el pasado mes de julio, se ha procedido a la elaboración de un Manifiesto que va a ser sometido a la consideración de las Diputaciones Forales y Eudel, a efectos de recoger sus valoraciones y poder ser ratificado conjuntamente.
El manifiesto es un referente ético y de comportamiento social e institucional frente a la violencia.
Por su indudable interés político y social, y habida cuenta del máximo respeto institucional que me merece este Parlamento, he creído oportuno hacerles partícipes de los aspectos fundamentales de su contenido, en esta comparecencia.

Manifiesto Institucional en defensa del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas.

Los responsables institucionales del Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos vascos, como expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas que representamos, deseamos exponer los siguientes principios compartidos:

Primero: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad, y a las Instituciones nos corresponde velar por la defensa y el ejercicio pleno de estos derechos.

Segundo: El respeto y la defensa de los derechos fundamentales de las personas son la base para la organización y la convivencia de los Pueblos. Ninguna sociedad justa puede aceptar que los proyectos políticos se defiendan a costa de conculcar la dignidad humana.

Tercero: Los conflictos políticos sólo se pueden resolver desde el diálogo, el respeto mutuo y la tolerancia para todas las ideas, utilizando, única y exclusivamente, los mecanismos que la política y la democracia tienen para conformar la voluntad de los Pueblos.

Cuarto: La Paz debe ser fruto de la justicia y de la democracia y no el resultado de la imposición por la fuerza de un determinado proyecto en contra de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. No se puede supeditar la Paz a la obtención de un determinado proyecto político, ni la violencia debe ser utilizada como coartada para condicionar e impedir la defensa y materialización de los proyectos políticos legítimos y democráticos.

En consecuencia, deseamos manifestar los siguientes Compromisos:

1) Nuestro compromiso prioritario con el derecho a la vida como principio fundamental de la convivencia y, en consecuencia, nuestro rechazo a todo tipo de violencia y extorsión y la exigencia a ETA del abandono definitivo de las armas.

2) Nuestro compromiso en desarrollar y aplicar, en nuestros respectivos ámbitos, las medidas de que dispone el estado de derecho para garantizar la seguridad y las libertades de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.

3) Nuestro compromiso de solidaridad activa y de reconocimiento ético, social y material a todas las personas que han sufrido y sufren la violencia, la intolerancia y el terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones.

4) Nuestro compromiso con el diálogo para impulsar cuantas iniciativas contribuyan a erradicar todo tipo de violencia y a crear la condiciones precisas para lograr la normalización política y la convivencia en el seno de la sociedad vasca.

5) Nuestro compromiso permanente con la justicia y la defensa de los derechos humanos y las libertades de todas y cada una de las personas, sin distinción, y sin discriminación alguna por sus ideas civiles, políticas o religiosas, por razón de sexo, edad o estado civil, o por su condición de personas encarceladas, incluso acusados de graves delitos.

6) Nuestro compromiso de actuación conjunta para desarrollar cuantas iniciativas políticas, sociales y de seguridad sean precisas, para que ninguna fuerza política quede excluida, por presión de la violencia, de poder estar representada en las Instituciones para defender democráticamente sus proyectos.

Para dar cumplimiento a estos principios y compromisos, propondremos la puesta en marcha de una serie de iniciativas concretas que nos permitan, entre otras cuestiones:
- Dar una respuesta institucional unitaria y compartida frente a los atentados y asesinatos cometidos por el terrorismo.
- Eliminar de los espacios públicos cualquier manifestación gráfica que atente contra la seguridad y la libertad de las personas.
- Potenciar los mecanismos de coordinación y de información para prevenir los actos de violencia callejera o de violencia de persecución.
- Propiciar el desarrollo de iniciativas cívicas y de sensibilización social a favor de la no violencia y de la defensa de los Derechos Humanos de todas las personas, con carácter universal.

Este es, por tanto, el contenido del manifiesto institucional en defensa del derecho a la vida, la seguridad y la libertad de todas las personas, que anuncié en su día como uno de los primeros compromisos de este Gobierno, y cuyo borrador remitiré, con carácter inmediato, a las Diputaciones Forales y a Eudel para su análisis y toma en consideración.
Sinceramente, creo que su impulso sería un paso fundamental para compartir un suelo ético y democrático, y por este motivo, he considerado oportuno dar cuenta del mismo a esta Cámara.

B) Apoyo y solidaridad a las víctimas del Terrorismo

Desde el Gobierno vamos a desarrollar cuantas iniciativas sean precisas para arropar a las víctimas del terrorismo. Creemos sinceramente que la sociedad vasca tiene una deuda de solidaridad con estas personas que han sufrido en su propia carne la barbarie y la sinrazón del terrorismo. Queremos prestarles todo nuestro cariño y acompañarles en su dolor.

En este sentido, deseo informar a esta Cámara que el Gobierno ha decidido potenciar y completar las ayudas materiales y la atención que se presta actualmente a las víctimas del terrorismo.

Para ello, quiero anunciarles que se va a crear una dirección específica de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que contará con una estructura de personal y de medios materiales acorde a las nuevas funciones y servicios que vamos a desarrollar.

A este respecto, y con carácter prioritario, se procederá a la elaboración de un Plan de carácter global que, partiendo del análisis y revisión de los actuales programas de ayudas, aborde de una forma integral las acciones de los diversos sectores públicos -en el ámbito educativo, laboral, vivienda, sanitario y de atención psicológica, -entre otros-, que permitan responder de forma adecuada a las necesidades de las víctimas del terrorismo.

Asimismo, y en línea con el compromiso del Gobierno de profundizar en el reconocimiento ético, moral y material de las víctimas del terrorismo, quisiera valorar positivamente la creación, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, de una ponencia específica de Víctimas del Terrorismo, que aborde la problemática diferenciada de este colectivo sobre la base de los trabajos y conclusiones recogidas en el informe de la "Comisión de Víctimas de la violencia" elaborado en la pasada legislatura y que, en mi opinión, constituye un esfuerzo valioso como referencia y punto de partida para iniciar una nueva etapa.

Creo que ha llegado el momento de que hagamos un esfuerzo adicional por abrir la reflexión y la solidaridad con las víctimas del terrorismo al conjunto de la sociedad y evitar que nuestras rencillas y divergencias partidistas puedan ser utilizadas para instrumentalizar políticamente el dolor y el sufrimiento de este colectivo.

C) Observatorio de Derechos Humanos y Libertades

Como recordarán, me comprometí en el Debate de Investidura a la puesta en marcha de un observatorio que vele por los derechos humanos y las libertades de todas las personas. Un organismo, de carácter mixto, en el que pudieran participar responsables de todos los departamentos e instituciones implicadas, así como representantes de la judicatura, la universidad, la Iglesia y movimientos cívicos y pacifistas; y desde el que se atenderá la defensa prioritaria de todos aquellos colectivos que sufren especialmente la violencia física y psicológica que degrada los valores éticos de una sociedad.

A este respecto, les adelanto que vamos a proceder a encargar el proyecto de diseño y estructura del mismo a la Fundación para una Cultura de la Paz, presidida por D. Federico Mayor Zaragoza, ex-Director General de la Unesco y persona de probada reputación en su lucha por la defensa de los derechos humanos, con el que ya se ha firmado un protocolo de colaboración.

Nuestro objetivo es poder disponer del proyecto en el primer semestre del próximo año para la puesta en marcha del observatorio en la segunda mitad del 2002.

Deseo informarles también de la decisión del Gobierno de plantear en el proyecto de presupuestos del 2002, actualmente en elaboración, una partida de carácter multidepartamental para el desarrollo y materialización de una campaña de sensibilización social dirigida a concienciar a la sociedad vasca en general, y a los jóvenes en particular, sobre el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la justicia como pilares de la convivencia social.

La campaña anual se ejecutará de forma coordinada entre Lehendakaritza y los Departamentos de Justicia, Cultura y Educación. Asimismo, esta campaña se abrirá a la posibilidad de participación en la misma a las Diputaciones Forales y Ayuntamientos, de conformidad con el compromiso interinstitucional que deseamos desarrollar conjuntamente en este ámbito.

E) Política Penitenciaria

Quiero hacer, por último, una reflexión sobre la necesidad de abordar una política penitenciaria que responda al espíritu de la ley y respete escrupulosamente los derechos humanos, también de las personas detenidas, en su condición de seres humanos.

Uno de los elementos que mejor pueden contribuir a incrementar la legitimación social de las instituciones democráticas frente a quienes intentan justificar la violencia, es la adopción por parte de los responsables políticos y de los poderes públicos de una postura clara, contundente, rotunda, en defensa de los derechos humanos de todas y cada una de las personas, sin excepción, también de las personas detenidas y acusadas, incluso, de gravísimos delitos, así como de sus familiares.

En mi opinión, no se deben utilizar los resortes políticos para interpretar arbitraria y subjetivamente la normativa penitenciaria en contra precisamente del espíritu de la misma, que no es otro que el cumplimiento de las penas en el ámbito más cercano posible al entorno familiar de las personas condenadas, para facilitar la reinserción social de las mismas, tal como, además, se recoge en el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

En este sentido, y en consonancia con las resoluciones adoptadas en numerosas ocasiones por este Parlamento, desde el Gobierno Vasco instamos al Gobierno español a que ponga en marcha una política de acercamiento de los presos y presas vascas a los lugares más cercanos posibles a su lugar de residencia, de tal forma que no se genere un castigo adicional a sus familiares.

Asimismo, desde el Gobierno Vasco ratificamos e instamos al cumplimiento urgente de la propuesta aprobada por unanimidad -y subrayo por unanimidad- en las propias Cortes Generales, referente a la aplicación de una nueva política penitenciaria consensuada, dinámica y flexible que mejor contribuya al proceso de paz, y cuyo contenido voy a reproducir textualmente en mi intervención, dada su vigencia y transcendencia:

2.3) Una reflexión sobre el final dialogado de la violencia

Quisiera finalizar este apartado realizando una reflexión inexcusable sobre la necesidad de gestionar, cuando así sea posible, un final dialogado de la violencia.

A este respecto, quiero manifestar que el Gobierno Vasco abogará por desarrollar cuantas iniciativas contribuyan a adelantar el final de la violencia y a facilitar el desarrollo de escenarios de diálogo que permitan abordar las cuestiones relacionadas con la gestión del abandono de la violencia, de forma similar a como se ha producido en otros conflictos, tanto en el ámbito europeo como internacional; y siempre desde la premisa de que las cuestiones políticas deben ser dirimidas, única y exclusivamente, por los representantes legítimos de la ciudadanía vasca.

"Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular".

3.- Diferenciación entre el problema de la existencia de la violencia y el de la Normalización Política.

Como he manifestado en la primera parte de mi exposición, la violencia, -en cualquiera de sus manifestaciones-, es un atentado a la dignidad y a la libertad de las personas, y su erradicación es nuestro objetivo prioritario.

Hemos dicho en numerosas ocasiones que la violencia no es la consecuencia necesaria e inevitable de un problema político. A nuestro alrededor tenemos ejemplos de sociedades que tienen conflictos políticos -Quebec, Escocia, Cataluña…etc.- pero que no sufren manifestaciones de violencia.

La violencia ejercida por ETA ha distorsionado trágicamente la convivencia vulnerando gravísimamente los derechos humanos y, además, ha contribuido a tergiversar y envenenar el debate político, provocando la confusión interesada entre violencia y reivindicaciones legítimas y democráticas.

Por todo ello, la inmensa mayoría de la sociedad vasca y el Gobierno Vasco, rechazamos tajantemente la violencia de ETA y, en consecuencia, le exigimos que abandone definitivamente la violencia, toda vez que nos corresponde a los ciudadanos y ciudadanas vascas decidir nuestro propio futuro a través de vías, única y exclusivamente, pacíficas y democráticas.

No podemos dejar en manos de ETA la llave que condicione, cuando y como, podemos afrontar los problemas políticos que tiene una sociedad madura y con identidad propia, como la vasca.
La violencia no tiene ninguna justificación ética ni política en nuestra sociedad y, por tanto, como hemos dicho en tantas ocasiones es, en nuestra opinión, un terrible error -y si se hace a conciencia una actitud política detestable-, confundir la violencia con la defensa de proyectos políticos legítimos y democráticos.

Si la violencia no tiene justificación política, no se puede argumentar que la defensa de un determinado proyecto político democrático, o su contrario, dan "alas" a los violentos.

Defender, pacífica y democráticamente, la independencia de Euskadi, la unidad de España o el derecho de autodeterminación, son opciones políticas legítimas y ninguna de ellas puede servir de argumento para justificar la violencia, como tampoco la violencia debe utilizarse de excusa para criminalizar ideas, sentimientos o proyectos políticos, presentes en una sociedad democrática.

ETA, por tanto, no puede seguir siendo la coartada para evitar afrontar, desde vías estrictamente políticas y democráticas, el problema de normalización política y de convivencia que existe en la sociedad vasca.

Ahora bien, para abordar la solución de un problema político es preciso, en primer lugar, reconocer su existencia y, posteriormente, separar su tratamiento político claramente de la violencia.

La misma realidad del nacionalismo democrático vasco, con 106 años de historia, es la prueba irrefutable de que antes de la aparición de ETA se daba un problema de normalización política en Euskadi y que si a ese problema político no le damos soluciones políticas, no desaparecerá por sí solo, al margen de la erradicación de la violencia.
Por eso, la primera pregunta que todos hoy debemos responder en este Pleno ante la sociedad vasca es, si reconocemos o no la existencia de un problema político, más allá de la violencia.

3.1 ) ¿Existe un problema político más allá de la violencia?

Yo, evidentemente, creo que sí, y negarlo es aplicar la "técnica del avestruz", pero no creo que es responsable desde un punto de vista político y social.
Podemos cerrar los ojos para no ver la realidad, pero la realidad es muy terca y acaba emergiendo una y otra vez.

Esta realidad se ha manifestado permanentemente en la sociedad vasca a lo largo de la historia, reflejándose en hechos y signos externos difíciles de ocultar a los ojos de cualquier observador.
- La realidad es que existe un Pueblo Vasco con una identidad propia, sustentada en unas costumbres, en una historia, en una lengua, -el euskera- y en unos rasgos culturales singulares.
- La realidad es que la Constitución Española fue aprobada por el 30,8% de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca.
- La realidad es que el Parlamento Vasco aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990, es decir, hace ahora 11 años, una resolución a favor del derecho de autodeterminación del Pueblo Vasco.
- La terca realidad es que, tras más de un siglo de existencia, el nacionalismo mantiene toda su vigencia, como lo atestiguan los resultados de las pasadas elecciones. Lo cual no es sino el síntoma más palpable de que las razones políticas que justificaron su origen aún siguen presentes. Existe un problema político pendiente de resolver, como se refleja en la composición y en los discursos de esta Cámara.

Soy consciente de que estos aspectos son aspectos parciales de una realidad más compleja y no pretendo que se interpreten como omnicomprensivos de toda la riqueza de matices de una sociedad tan moderna y plural, como la sociedad vasca.
Pero, sin entrar en más razonamientos, entiendo que estos argumentos son suficientes, por sí mismos, para constatar que más allá, e independientemente, de la existencia de violencia, existe un problema político pendiente de resolver y que se ha venido en denominar "el problema vasco".

Un problema que en términos democráticos definí en Madrid ya en marzo de 2000, como "la existencia de una parte muy significativa de la sociedad vasca que no se siente cómoda con el actual marco constitucional, porque no se le reconoce expresamente al Pueblo Vasco como un sujeto político con identidad propia al que le corresponden unos derechos históricos existentes antes de la propia Constitución y, en definitiva, con capacidad para decidir, libre y democráticamente, su propio futuro".

Queramos o no, esta es la manifestación de un problema político que es preciso afrontar con normalidad y resolver desde el respeto y el reconocimiento mutuo, en clave de convivencia y no de ruptura.
Un problema que partiendo del reconocimiento, aceptación y respeto profundo a la pluralidad de la sociedad vasca, se refleja fielmente en la propia composición de este Parlamento, donde se manifiestan los distintos proyectos políticos y sentimientos que unos y otros tenemos en relación con:

a) La identidad
- En nuestra sociedad existen ciudadanos y ciudadanas que legítimamente se sienten, única y exclusivamente vascos, y existen otros que, también legítimamente, además de vascos, se sienten españoles.

b) La soberanía
- Hay quien defiende que los ciudadanos y ciudadanas vascas son soberanos para decidir su propio futuro, y hay quien defiende que España es la única nación soberana y, por tanto, son el conjunto de los españoles los que deben decidir el futuro de los vascos.

c) La Territorialidad
- Hay quien considera que el Pueblo Vasco debe ser una realidad política unitaria y, por tanto, no acepta los marcos jurídicos y políticos actuales.
- Hay quien rechaza cualquier forma de relación con la Comunidad Foral de Navarra y con otros Territorios vascos, aduciendo la prohibición constitucional.
- Hay, también, quien respeta las diferentes realidades jurídicas y políticas actuales y propugna impulsar iniciativas para estrechar las relaciones entre la CAV, la Comunidad Foral de Navarra e Iparralde, sin más limitaciones que el respeto a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de los ámbitos en los que se articula el Pueblo Vasco.

d) El Autogobierno
- Hay quien se encuentra satisfecho con el actual grado de autogobierno e incluso propugnaría su rebaja.
- Hay quien no reconoce al Estatuto de Gernika, porque no representa al conjunto del Pueblo Vasco.
- Y hay quien respeta la legitimidad del Estatuto como expresión de la voluntad de la sociedad vasca, exige su cumplimiento íntegro y defiende también las opciones de cambio y actualización del mismo

e) La concepción del Estado
- En el propio Parlamento Vasco convivimos fuerzas políticas, tanto nacionalistas como no nacionalistas, que defienden un marco de convivencia futuro para el Estado español, sustentado sobre la libre adhesión de los pueblos y nacionalidades que coexisten en su seno, con otros partidos que no admiten este derecho y defienden a ultranza un Estado unitario sustentado en una lectura inmutable, cerrada e inflexible de la Constitución, depositando, incluso, en manos del ejército español, la garantía para mantener su propio proyecto de España.

Son, por tanto, la manifestación más palpable de que tenemos la necesidad ineludible de reconocer que, más allá de la violencia de ETA, es preciso abordar un proceso de normalización política que busque ampliar los consensos básicos alcanzados hasta ahora,

Como Lehendakari y responsable de un Gobierno sustentado por tres partidos democráticos, nacionalistas y no nacionalistas, que representan el sentir de una mayoría de la sociedad vasca, puedo transmitir con rotundidad y firmeza que no estamos dispuestos a darle ninguna llave política a la violencia.
Deseamos iniciar el camino de la normalización política. No tenemos nada que ocultar ni nada de lo que avergonzarnos.
No vamos a renunciar a un programa democrático que, no lo olvidemos, ha recibido el apoyo mayoritario de la sociedad vasca.

La mayoría de la sociedad vasca defiende un planteamiento democrático sustentado en una serie de principios que hemos sido capaces de compartir los tres partidos que conformamos el Gobierno, por encima de las diferentes posiciones ideológicas y proyectos sociales que cada uno representamos. Estos principios están recogidos en el programa de Gobierno que hemos ratificado recientemente el PNV, EA e IU y que se pueden sintetizar en ocho aspectos:

1) La defensa de la vida y de los derechos humanos como principios fundamentales de la convivencia.
2) El Pueblo Vasco es una realidad cultural identitaria "existe", independientemente de los marcos jurídicos e institucionales internos y externos en los que está integrado o articulado.
3) Al Pueblo Vasco le corresponden unos derechos inherentes que no derivan de la Constitución porque son anteriores a ella.
4) Los ciudadanos y ciudadanas vascas tienen derecho a decidir, libre y democráticamente, su propio futuro.
5) Reconocemos la existencia de diferentes realidades territoriales y marcos jurídicos e institucionales y políticos en el seno del Pueblo Vasco o Euskal Herria.
6) Entendemos la territorialidad política e institucional de Euskal Herria como fruto de la voluntad asociativa de las distintas Comunidades y Territorios que conforman el Pueblo Vasco, desde la aceptación y el respeto a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Foral de Navarra, de la Comunidad Autónoma Vasca y de Iparralde.
7) Aceptamos la legitimidad democrática de los marcos jurídicos e institucionales actuales como fruto de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas vascas, así como aceptamos, también, la legitimidad democrática para su eventual modificación o actualización que, en todo caso, deberá ser ratificada de nuevo por la voluntad de la sociedad vasca, cuyo veredicto estamos dispuestos a acatar de antemano.
8) Propugnamos la construcción social de Euskadi desde la perspectiva de una sociedad mas justa y solidaria con las personas más desfavorecidas. Una sociedad vasca para todos, abierta y tolerante y con capacidad para afrontar los retos del futuro.

Estas ideas y estos principios no son nuevos, han estado presentes en el seno de la sociedad vasca, en sus diversas manifestaciones cívicas, deportivas, culturales, religiosas, sindicales e, incluso, empresariales, y han sido posicionamientos que a lo largo de la historia han sido compartidos por diferentes proyectos políticos, tanto de nacionalistas como no nacionalistas.

Soy consciente, como he dicho anteriormente, de que la sociedad vasca es una sociedad plural y de que esa pluralidad se manifiesta en la diversidad de proyectos políticos representados en esta Cámara. Todos ellos legítimos y respetables.

Por eso, quiero evitar, de antemano, cualquier tipo de malentendido o de falsas interpretaciones. Las reflexiones anteriores no tienen ningún objetivo partidista o excluyente, pretenden, simplemente, poner de manifiesto la existencia, al margen de la violencia, de un problema de normalización política pendiente de resolver.

Precisamente el hecho de que una mayoría de la sociedad vasca se sienta, de una u otra forma, identificada con estos planteamientos, que han sido recogidos expresamente en el programa de Gobierno ratificado conjuntamente por PNV, EA e IU ¿no debería ser, al menos, motivo de reflexión para el resto de partidos y del propio Gobierno español?

Por todo ello, y como conclusión de este pleno creo que debemos ser capaces de asumir, de una vez por todas, que además de afrontar el problema de la violencia con los medios e instrumentos de un Estado de Derecho, la sociedad vasca tiene un problema de normalización política que es preciso abordar por vías pacíficas y democráticas, a través del diálogo y desde el reconocimiento y el respeto mutuo. Si así lo hacemos, creo sinceramente que hoy habremos dado un gran paso adelante y el conjunto de la sociedad vasca nos lo agradecerá.

Hasta aquí, he desarrollado las iniciativas para defender los derechos humanos y erradicar el problema de la violencia, con carácter prioritario. He diferenciado, también con claridad, el problema de la existencia de la violencia y el de la normalización política. Quiero exponer, a continuación, el procedimiento y el instrumento que, en mi opinión, nos pueden servir para avanzar en el camino de la normalización política.

4.- El diálogo político y social como procedimiento para la convivencia

Convivir tiene una relación directa con conceptos tales como confianza, reconocimiento, respeto, afectividad y tolerancia. La convivencia en la familia o en la pareja no está basada en la imposición de unos sobre otros, sino en la libre adhesión a un proyecto compartido, desde el reconocimiento a la identidad individual y el respeto mutuos.
Estos son los mismos elementos que tienen que presidir la convivencia interna en el seno de cualquier sociedad y la convivencia externa entre los Pueblos.

En mi opinión, la solución a los problemas de convivencia, tanto en el seno de la familia y de la propia sociedad, como entre los Pueblos, sólo se puede encontrar a través del diálogo.

Un diálogo incluyente, no excluyente, que tenga en cuenta la opinión de todas las sensibilidades sociales representadas en los partidos políticos que han recibido el apoyo de la sociedad, y que se desarrolle de una forma abierta, facilitando el contraste permanente con la propia sociedad a través de las organizaciones y movimientos cívicos, económicos, sindicales, religiosos, etc...

4.1) Principios básicos de partida para el diálogo

A este respecto, y en el ejercicio de mi responsabilidad, me van a permitir que aporte como reflexión de trabajo cinco aspectos o principios que, en mi opinión, pueden configurar las bases sobre las que iniciar este proceso.
Son cinco "mimbres" sobre los que se puede construir un consenso de partida:
1.- Nuestro objetivo común de lograr la Paz y solucionar el problema de normalización política existente en la sociedad vasca.
2.- Nuestro compromiso con las vías única y exclusivamente pacíficas y democráticas como instrumento de acción política.
3.- Nuestro compromiso de respetar y defender la libertad individual de todas las personas para que puedan expresar, sin límites y sin coacciones, sus legítimas aspiraciones políticas y sociales.
4.- La aceptación de que el Pueblo Vasco puede encontrar cauces pacíficos y democráticos para hacer valer los derechos que pudieran corresponderle, toda vez que en un proceso democrático, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, legítimamente expresada, debe encontrar su aplicación en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento. (Mesa de Ajuria-Enea 11.1.96).
5.- El reconocimiento y respeto de la legitimidad democrática de las instituciones y marcos jurídicos construidos hasta ahora por la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas vascas a partir del Estatuto de Gernika, así como la legitimidad democrática también de las opciones de cambio y actualización de los mismos.

Evidentemente, son solamente cinco puntos de partida para el diálogo. En este sentido, no representan más que una pequeña parte de la lista de principios y conceptos que cada partido político pudiera presentar como propios, pero creo que la sociedad vasca recibiría con enorme satisfacción el que fuéramos capaces de aprovechar estos cinco mimbres para construir un mínimo común denominador de partida.

4.2) La potencialidad del Estatuto de Gernika como instrumento de normalización política

En el último punto se plantea, incluso, el instrumento que nos puede servir como cauce para canalizar un proceso de normalización política que permita lograr nuevos consensos básicos no alcanzados hasta ahora, y sirva para encontrar la solución al problema de convivencia existente.

En mi opinión, el Estatuto de Gernika constituye un instrumento valioso y una suficiente base de partida política jurídica y social para, desde el respeto a lo construido hasta ahora, poder plantear las legítimas opciones de profundización y actualización de nuestro autogobierno y dar respuesta al reconocimiento de la identidad singular del Pueblo Vasco.

El Estatuto, además del "haber competencial" que se reconoce a la Comunidad Autónoma Vasca, se configura en su artículo primero como expresión de la nacionalidad de Euskal Herria, y en su propia disposición adicional se hace una reserva expresa de los derechos que al Pueblo Vasco le pudieran corresponder en virtud de su historia, a los que no renuncia por la aceptación del presente régimen de autonomía.

El Estatuto, desde esta perspectiva, y atendiendo a su carácter de texto abierto, contiene potencialidades que pueden y deben ser exploradas para alcanzar un nuevo punto de encuentro que dé satisfacción razonable a la pluralidad de la sociedad vasca, desde el reconocimiento de la mayoría de edad de un Pueblo dotado de una identidad y personalidad propias y que quiere tener cauces democráticos para ejercer el derecho a decidir por sí mismo.

4.3 ) El Parlamento Vasco, foro fundamental del diálogo.

Diálogo político y social, por tanto, como procedimiento. Pero diálogo, ¿dónde, cómo y para qué?

¿Dónde?:
En este mismo Parlamento, máxima institución representativa de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad. No precisamos inventarnos nuevos foros. Este mismo debate que hoy estamos celebrando es el más fiel exponente de que el Parlamento Vasco puede y debe constituir el instrumento más valioso para avanzar en el proceso de normalización política.
Hoy estamos sentando las bases de un nuevo tiempo político que haga del Parlamento Vasco el centro de operaciones y motor del diálogo.

¿Cómo?:
No pretendo mediatizar la forma en que este diálogo parlamentario se debe instrumentar por los grupos políticos ni las fórmulas de coordinación del mismo que se puedan desarrollar con otras instituciones similares, caso de Navarra, o con la propia sociedad civil. Esta es una decisión que incumbe a los propios grupos parlamentarios.
En todo caso, y tal como ya les anuncié a todos ustedes, creo que es totalmente necesaria la creación de una Comisión Parlamentaria específica que aborde el problema de la normalización política desde la perspectiva de la profundización en el Autogobierno, y así lo propondré en el próximo Pleno del día 25 de octubre. De esta manera, daremos continuidad a la reflexión iniciada en este pleno monográfico sobre la base de diferenciar la existencia del problema de la violencia del de la normalización política.

¿Para qué?:
Para plantear unos principios o "acuerdos básicos para la convivencia" que permitan construir una base a partir de la cual los partidos políticos vascos busquemos consensos básicos aún no alcanzados, y para establecer procedimientos democráticos que nos permitan ratificar los acuerdos alcanzados, o bien dilucidar sobre las diferencias.

5.- Una reflexión sobre las reglas de juego democrático: "No se trata de un problema jurídico, sino de voluntad política"

Nos ha llegado el momento de hacer política, y recordando el espíritu con el que he dado comienzo a mi intervención, no debemos rehuir el debate político sobre ningún aspecto, porque en una sociedad democrática no tiene por que haber "tabúes" para la discusión.

Tenemos que clarificar nuestros respectivos planteamientos ante la sociedad vasca para que los interprete de una manera transparente, sin subterfugios.

En este sentido, considero preciso abordar sin ambigüedades el concepto de las reglas de juego democrático, esgrimidas hasta ahora, como arma arrojadiza reiteradamente en la confrontación política.

Nadie debe exhibir frente a los demás, patentes de legitimidad y de respeto a la democracia.

A este respecto, voy a ser muy claro. Nadie puede poner en duda las profundas convicciones democráticas de los partidos que conforman el Gobierno Vasco. Siempre hemos defendido y respetado la legalidad democrática. Lo hicimos frente a la agresión fascista del alzamiento franquista y sufrimos persecución, cárcel y represalias durante cuarenta años, y lo hemos hecho tras la recuperación del régimen democrático, a pesar de que, como es público, la Constitución española sólo obtuvo el apoyo del 30,8% de los ciudadanos y ciudadanas vascas.

En mi opinión, las reglas democráticas no deben ser un instrumento para la confrontación, sino para facilitar la convivencia de los Pueblos y deben ser interpretadas con la flexibilidad necesaria para dar una respuesta y una solución política a los problemas políticos.

Desde esta perspectiva, si existe voluntad política, las reglas de juego democrático permiten:
- Que sean los partidos políticos vascos con representación parlamentaria los que busquen un nuevo consenso para lograr la resolución del problema de normalización política.
- Que se pueda consultar directamente a la sociedad vasca para ratificar ese consenso, o en su caso, dirimir las diferencias.
- Que se articulen instrumentos y procedimientos para poder incorporar la decisión de la sociedad vasca al ordenamiento jurídico vigente en cada momento,

Si así fuera, si existiera verdaderamente esa voluntad política, estoy convencido de que la mayoría de la sociedad vasca estaría dispuesta a profundizar en este camino hasta el final.

No estamos ante un problema jurídico, sino ante una cuestión de voluntad política para interpretar las normas como instrumentos para arreglar las cosas. Porque tenemos que ser conscientes de que, en nuestros días, los proyectos sólidos y estables de convivencia sólo son posibles si se basan en la libre adhesión y no en la imposición.

6.- Final: "Una propuesta para el consenso"

Termino.
No voy a proponer que hoy seamos capaces de ratificar, de nuevo, los principios y la afirmaciones que compartíamos en 1996. No soy tan ingenuo porque, desgraciadamente, considero que no sólo no hemos sido capaces de profundizar en una interpretación flexible y abierta de las reglas de juego, sino que, más bien al contrario, hemos retrocedido en este camino.

Además, como les he dicho al comienzo de mi intervención, el objetivo de este debate no es confrontar proyectos sino compartir principios.
Por eso, no ha sido mi intención someter a la consideración de este Parlamento una comunicación cerrada del Gobierno, sino conocer y contrastar las propuestas de cada uno de los partidos políticos, en relación con el diagnóstico y procedimiento de solución de un problema que venimos arrastrando desde hace demasiado tiempo.

A partir de aquí, desde esta tribuna, todos los grupos están legitimados para presentar las propuestas de resolución que consideren más oportunas, en función de sus propios posicionamientos políticos. Pero, lo verdaderamente importante, no es proceder a una mera suma aritmética de votos que refleje miméticamente las posiciones de partida de cada cual, sino que seamos capaces de presentar a la sociedad vasca algún punto de encuentro, por mínimo que sea, compartido entre todos, que pueda servirnos para iniciar el camino.

En este sentido, quisiera proponer a la Cámara que libremente los grupos decidamos no presentar propuestas de resolución en defensa de cada uno de nuestros respectivos proyectos políticos. Que hagamos un esfuerzo para encontrar una propuesta de consenso que suponga el mínimo punto de partida para iniciar el camino del diálogo.

Yo he aportado una serie de reflexiones y de principios básicos a lo largo de mi intervención, que pudieran constituir "lugares comunes" entre todos, pero creo que en el ejercicio de mi responsabilidad debo realizar un esfuerzo para realizar una propuesta de síntesis que pongo a disposición de todos los partidos para su toma en consideración.

Propuesta:
Manifestamos nuestro compromiso prioritario con la defensa de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas, sin distinción, así como nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia y el terrorismo.
Reiteramos nuestro rotundo rechazo a todo tipo de violencia y extorsión, y nuestra apuesta inequívoca con las vías exclusivamente políticas y democráticas. En consecuencia, y haciéndonos eco del sentir inmensamente mayoritario de la sociedad vasca, exigimos a ETA el abandono definitivo de la violencia.
Asimismo, y diferenciado de la existencia de la violencia, constatamos que existe un problema de naturaleza política que afecta al Pueblo Vasco, y cuya solución debe abordarse mediante el diálogo, utilizando los instrumentos que la política y la democracia ponen a disposición de los pueblos para resolver sus conflictos políticos.

Este es verdaderamente nuestro reto frente a la sociedad vasca. Sería un hito histórico que todos los partidos políticos fuéramos hoy capaces de alcanzar un consenso de partida.

En todo caso, no es mi intención dejar cerrado el debate, sino abrirlo. No pretendo alcanzar una meta, sino iniciar un camino y que la opinión pública tenga la oportunidad de valorar el grado de avance alcanzado.

En este sentido, quiero anunciarles mi compromiso, y el de mi Gobierno, de presentar ante el Parlamento, antes de la finalización del presente curso político, una evaluación de las iniciativas políticas y sociales adoptadas para garantizar la defensa de los derechos humanos y las libertades de todas las personas frente a la violencia.

Es la hora de la política y del diálogo. La época de la imposición y la de la violencia ha pasado a la historia. Estamos en el siglo XXI, no en la edad media. En el siglo XXI las identidades nacionales no se imponen, ninguna.

Tenemos que iniciar un proceso para erradicar definitivamente la violencia de nuestras vidas.

Tenemos que plantear un proyecto en clave de convivencia, basado en la voluntad democrática y en el respeto mutuo.

Estoy convencido de que si existe voluntad política, encontraremos el camino.

Este es mi deseo y el de la inmensa mayoría de la sociedad vasca.
Eskerrik asko.