Declaración Institucional de compromiso democrático con el cumplimiento y respeto del Pacto Estatutario en su integridad

La aprobación del Estatuto de Gernika, el 25 de octubre de 1979, supuso el acto constituyente del País Vasco moderno como comunidad política, y por lo tanto un hito destacado de toda nuestra historia.

La mayoría de la ciudadanía vasca respaldó, entonces, un Estatuto que constituía la expresión de la nacionalidad del Pueblo Vasco o Euskal-Herria y su norma institucional básica de autogobierno. El marco institucional que diseñaba el Estatuto de Gernika, tenía la virtualidad de recuperar nuestras Instituciones históricas de autogobierno, dotar formalmente al País de unas notables capacidades de actuación, y de plantear todo ello, con expresa reserva de los derechos históricos y de nuevas posibilidades futuras de actualización de los mismos, a través de su Disposición Adicional.

La pluralidad esencial de la sociedad vasca se manifestaba entonces en forma de un pluralismo razonable, en el que las diversas concepciones políticas e ideológicas, sin ocultar sus visiones de fondo divergentes, conseguían cristalizar en un consenso entrecruzado de las mismas. Un punto de encuentro representado por un marco institucional común en el que, además de unos determinados contenidos competenciales, se contemplaba una potencialidad de realización de todos los proyectos políticos a partir de la actualización y/o modificación del Pacto Estatutario, en función de que se alcanzasen en el futuro las mayorías necesarias para ello.

A partir de aquel acto constituyente y, sobre todo a principios de la década de los ochenta, asistimos a un proceso de transformaciones institucionales y de transferencias competenciales que nos han dotado de un significativo cuadro de políticas e instrumentos de actuación. Es preciso reconocer que se consiguió un resultado estimable en esa carrera contra el tiempo por reconstruir un nuevo autogobierno desde la nada, después del largo periodo histórico de pérdida de las libertades. Como es igualmente notable, la contribución que ese marco de autogobierno y esas renovadas Instituciones, han realizado para afrontar las adversas circunstancias económicas y sociales que Euskadi ha tenido que superar hasta alcanzar el encomiable nivel de progreso económico y bienestar social que actualmente disfruta. En términos económicos y sociales, es imposible imaginar la Euskadi real de hoy sin las Instituciones derivadas del Estatuto de Gernika.

Sin embargo, aquél rápido desarrollo institucional de la primera etapa pronto se reveló que no estaba exento de dificultades y, de hecho, puede decirse que entró en franca crisis al final de la década de los ochenta; crisis que no ha hecho más que agudizarse y que, en buena medida, es la responsable de que aquel consenso básico de partida para la convivencia, que representó el Pacto Estatutario, se haya ido convirtiendo en un punto de encuentro cada vez más difuso y más etéreo.

Primero, fue la presión uniformadora y los efectos homogeneizadores de los pactos autonómicos de 1981 y la LOAPA que, si bien fue declarada inconstitucional, no ha dejado de surtir efectos hasta nuestros días, mediante la aprobación unilateral de leyes básicas y la judicialización del ejercicio del autogobierno que han convertido, de hecho, en muchas ocasiones a nuestras instituciones, en "instituciones flotantes", poniendo en riesgo el nivel competencial asumido, e incluso, el propio Concierto Económico.

Luego, ha tenido lugar la parálisis de los traspasos de servicios durante largos años, a pesar de que el bloque competencial pendiente de transferir sigue siendo de enorme trascendencia. La reacción de las Instituciones vascas ha sido, también, en sí misma, toda una señal de alarma: "completar el Estatuto de Gernika se empieza a convertir en un problema estructural" se decía en el informe sobre transferencias del Gobierno que, para asombro de propios y extraños

Más aún, desde entonces las cosas han empeorado de forma notable; las crecientes interpretaciones restrictivas del autogobierno realizadas por los tribunales no sólo continuaron, sino que alcanzaron expresiones tan notables como la de la sentencia sobre carreteras que, con asombrosa ligereza, niega de hecho uno de los elementos más esenciales del núcleo intangible de la foralidad.

Finalmente, todo ello ha acabado entrecruzándose con declaraciones que, no sólo afirman que el proceso de transferencias ha concluido, sino que, anuncian, incluso, nuevos intentos armonizadores en el ejercicio de las competencias ya asumidas.

Nada produce tanta desazón como constatar la impunidad con la que se incumplen las leyes, máxime de aquellas que merecieron la aprobación directa de la mayoría de la ciudadanía vasca y que despertaron una esperanza de identificación con el nuevo marco político. Nada invita tanto a la desafección hacia el bloque de constitucionalidad como la constatación de que se ha ido desvirtuando el modelo inicial reconocedor de los hechos diferenciales y de la identidad plurinacional del Estado, para acabar desembocando en un modelo de sano regionalismo. Nada desalienta tanto como la comprobación permanente de que el ejercicio competencial se subordina a intereses políticos coyunturales, paradigma de comportamiento que queda perfectamente ilustrado con el reciente caso de Hobetuz y la formación continua.

Pero este análisis no es nuevo. El propio Parlamento Vasco, con ocasión del Informe de Prioridades y Transferencias presentado el 20 de octubre de 1995, valoró unánimemente las negativas consecuencias políticas, sociales, económicas y jurídicas que se derivaban del incumplimiento del Pacto Estatutario.

Preocupación ya puesta de manifiesto en 1.988, en el propio Acuerdo de Ajuria-Enea, en el que todos los partidos políticos firmantes del mismo, nos comprometimos a desarrollar el Estatuto en su plenitud, de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad. El citado Acuerdo reconocía, ya entonces, que debe ser la voluntad mayoritaria del Pueblo Vasco, a través de sus representantes legítimos, quien debe juzgar en cada momento la validez e invalidez del Estatuto, como instrumento de autogobierno, estando legitimado el mismo Pueblo para reivindicar cualquier derecho que le pudiera corresponder, de acuerdo con las disposiciones adicionales Primera de la Constitución y Unica del Estatuto. En consecuencia, sólo desde una falta de visión y de responsabilidad política se puede pretender prolongar la actual situación como si respondiera a la normalidad; pretender, en definitiva, que sigamos otros quince o veinte años en esa especie de ficción de historia interminable de un proceso que de hecho se da por concluido.

En una sociedad democrática, las personas, celosas guardianas de su libertad, no rinden tributo a ninguna pertenencia orgánica, a ningún orden, que no cuente con su consentimiento. Y, precisamente por esa misma razón, cuando, prestado su consentimiento, ven burlada su voluntad, se corre el grave riesgo de que dejen de creer en las Instituciones, y de que éstas, perdida su legitimidad, se disgreguen de forma irremediable.

Por eso, más allá de huecas palabras de apoyo que no se traducen en voluntad política alguna, urge devolver toda su virtualidad a aquél espíritu de consenso sobre el Estatuto, logrado en 1979. En realidad es la tarea más urgente de todas las que hoy puedan abordarse en el País Vasco, por la sencilla razón de que, si el intento de recuperar este consenso acaba resultando fallido y suscita la frustración y la desafección de muchos de los que en su día lo apoyaron, no hay garantía alguna de que cualquier otro nuevo consenso sea posible.

Tanto los que consideran al Estatuto como un instrumento de descentralización administrativa del Estado, -y por ello no comparten el entusiasmo por su desarrollo potencial-, como los que lo juzgan como un marco abierto cuyo desarrollo permite profundizar en la identidad nacional del Pueblo Vasco, deben comprender que sólo desde el escrupuloso respeto a su letra, a su espíritu y a sus potencialidades intrínsecas, se podrá plantear un futuro de convivencia política para todos los vascos.

El verdadero punto de encuentro reside en su interpretación como un marco institucional común que permita que todos los proyectos políticos puedan ser defendidos y, en su caso, materializados, en igualdad de condiciones, utilizando, única y exclusivamente, las vías pacíficas y democráticas. Este es el compromiso que asumieron muchos de quienes dieron su apoyo al Estatuto de Gernika.

Porque, no respeta la legitimidad democrática de los vascos quien no reconoce y no se compromete con el cumplimiento del Estatuto en su integridad como pacto político entre Euskadi y el Estado, como tampoco respeta la legitimidad democrática quien exige que el Pueblo Vasco renuncie a las opciones de cambio y de modificación del mismo, a través del desarrollo de su Disposición Adicional, en función de que se alcancen las mayorías necesarias para ello, de conformidad con las reglas al uso en los sistemas democráticos avanzados.

Hemos vivido una reciente etapa política, en la que hemos hecho un intento honesto y sincero, de buena fe, para erradicar la violencia y ensanchar el consenso político-institucional a los sectores que en su día no se integraron en él.

Fue un intento que no tuvo el resultado esperado, porque, lamentablemente, ETA se encargó de frustrar, de nuevo, las esperanzas de Paz que habían anidado en la sociedad vasca.

Desgraciadamente, el proceso de incomunicación y de crispación política que se suscitó a lo largo del período de tregua, y la posterior vuelta al escenario de la violencia de ETA, han provocado que las fuerzas políticas, en vez de reafirmar lo que nos une, -el derecho a la vida-, hayamos acentuado nuestras divergencias, utilizando como instrumentos de crítica y de división todo tipo de argumentos políticos, jurídicos y sociales.

La propia crisis del Estatuto que se ha venido larvando en épocas pasadas, es la que ha hecho que en ese periodo se haya tendido a su instrumentalización, haciendo que toda nuestra construcción política, actual o futura, estuviera subordinada a concepciones esencialistas de distinto signo que, por tal carácter, son incompatibles con un consenso entrecruzado de voluntades. Por un lado, identificando democracia con Constitución, o para ser más precisos, con una lectura interpretativa reduccionista, unilateral y cerrada de la misma, fundamentada en la indisolubilidad de una unidad preexistente y no como resultado de la libre adhesión de los pueblos y nacionalidades que configuran el Estado español como un estado plurinacional. Por otro lado, identificando democracia con un proceso autodeterminista ex novo, que guarda silencio sobre las bases políticas que las propias decisiones mayoritarias de la ciudadanía vasca han construido hasta la fecha.

Por ello, es el momento de volver a reafirmar el compromiso con el Pacto Estatutario en su integridad, no sólo en lo que hace referencia al cumplimiento íntegro del marco de autogobierno que contempla, a su haber competencial, sino como expresión de las potencialidades que encierra para unir y dar cohesión a la sociedad vasca, por lo que entraña de procedimiento de construcción abierta de un consenso basado en las libertades individuales. Es decir, como expresión de la voluntad democrática de los ciudadanos y ciudadanas vascas que debe manifestarse sin otros límites que el de la igualdad de consideración y de respeto de todos ellos a la hora de diseñar las instituciones políticas presentes y futuras.

Hay que apelar, pues, a esa construcción abierta del consenso político, con respeto y reconocimiento a lo construido hasta ahora, en función de las decisiones adoptadas en su día por la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, y con respeto, también, a la adecuación y actualización de ese consenso, en función de las nuevas realidades y sensibilidades de hoy en día. Reconocer, a este respecto, que unas y otras no son las mismas de entonces, resulta casi una obviedad.

La nueva realidad que supone el proceso de construcción europea y la globalización económica sitúan a nuestro autogobierno ante un escenario ni siquiera posible de vislumbrar en los lejanos años setenta, al que debe adaptarse so pena de perder buena parte de su virtualidad.
Por otro lado, las sensibilidades de hoy tampoco son las mismas, porque aquella sociedad de finales de los setenta tenía grandes deseos de cambio, pero no pudo evitar que sus instituciones transpirasen también algunas esencias de la larga etapa histórica que entonces se cerraba.

Si desde las sensibilidades de hoy en día se juzga que, a las puertas del siglo XXI, los proyectos políticos deben construirse desde la libre adhesión y no desde la imposición, ¿por qué no dejar el juego de las ambigüedades e incorporar a nuestro consenso entrecruzado el reconocimiento abierto de que el País Vasco será lo que sus ciudadanos y ciudadanas libremente decidan ser? ¿Qué hay de malo en ello?

Después de todo, ninguna sociedad democrática puede admitir que haya miembros o colectivos de la misma cuyas opciones políticas, planteadas a través de cauces estrictamente democráticos, sean consideradas irrealizables o imposibles, porque eso negaría el principio de igual consideración y respeto que constituye el fundamento de la libertad individual.

Es preciso encarar en todas sus consecuencias las reflexiones anteriores, si queremos renovar el espíritu que presidió la aprobación del Pacto Estatutario y recuperarlo como instrumento abierto que permita el consenso y la convivencia presente y futura, a partir de su complimiento íntegro y del respeto a las opciones de cambio y actualización del mismo. Para ello no contamos con todo el tiempo del mundo, sino que el propio riesgo de deslegitimación institucional nos reclama un esfuerzo y unos resultados inmediatos.

Tenemos que ser capaces de compartir un suelo, unos principios a partir de los cuales podamos avanzar en la construcción de cualquier proyecto de convivencia.

El respeto a los derechos humanos y a las libertades de todas las personas constituyen los principios básicos, el compromiso ético fundamental, sobre el cual edificar nuevos compromisos democráticos.

Y estos compromisos democráticos se tienen que sustentar sobre dos bases:

Por este motivo, en la fecha de hoy, 25 de octubre de 2000, coincidiendo con el vigésimo primer aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika, como Lehendakari y máximo representante institucional del Pueblo Vasco, considero preciso impulsar un compromiso democrático con el cumplimiento y el respeto del Pacto Estatutario en su integridad, a través de la siguiente Declaración

DECLARACIóN INSTITUCIONAL

Desde el respeto democrático a lo que hoy somos, a lo construido hasta ahora por la voluntad de los vascos, como Lehendakari y máximo representante de todos los hombres y mujeres que desean edificar un futuro de paz, esperanza y progreso para este Pueblo,

DESEO MANIFESTAR QUE

EL RESPETO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas, entraña el respeto a la legitimidad democrática de los marcos jurídico-políticos construidos mediante su voluntad.

EL ESTATUTO DE GERNIKA, el Pacto Estatutario, como expresión de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, supone uno de los referentes históricos más significativos en la trayectoria de nuestro Pueblo para ordenar nuestra convivencia y desarrollar nuestra identidad.

LA RECUPERACIóN Y ACTUALIZACIóN DE LOS INSTRUMENTOS DE AUTOGOBIERNO, que ha posibilitado su actual grado de desarrollo, ha contribuido significativamente a la consecución de los niveles de progreso económico y de bienestar social de que disfrutamos los ciudadanos y ciudadanas vascas.

EL CUMPLIMIENTO INTEGRO Y URGENTE del Estatuto de Gernika, de conformidad con los principios que lo inspiraron, respetando su singularidad, y de acuerdo con la propia posición manifestada por el Parlamento Vasco el 20 de octubre de 1995, resulta imprescindible para afrontar los desafíos presentes y futuros de la sociedad vasca, como una sociedad moderna, plural y avanzada que busca su bienestar en el Concierto Europeo. No sólo porque es una exigencia legal, sino porque es una exigencia de ética democrática.

LAS OPCIONES DE CAMBIO Y ACTUALIZACIóN del Estatuto de Gernika deben ser, también, reconocidas y respetadas como manifestación de la legitimidad democrática de la sociedad vasca, en función de que se alcancen las mayorías requeridas para ello.

En consecuencia, deseo exponer a la consideración de la sociedad vasca y de sus representantes políticos e institucionales, el siguiente

COMPROMISO DEMOCRATICO

PRIMERO: "Construir nuestra convivencia en libertad desde el respeto a la legitimidad democrática de lo que hoy somos y de los marcos jurídico-políticos de los que nos hemos dotado".

SEGUNDO: "Reivindicar y exigir el cumplimiento íntegro y urgente del Pacto Político ratificado por los vascos en el Estatuto de Gernika, de conformida

TERCERO: "Reconocer la legitimidad democrática de las opciones de cambio y actualización de nuestro actual marco de autogobierno, en función de que en la sociedad vasca se alcancen las mayorías requeridas para ello, de conformidad con las reglas y procedimientos de los sistemas democráticos.

Sobre estas premisas, sobre este triple Compromiso Democrático, tenemos que ser capaces de abrir una nueva etapa, tenemos que ser capaces de recuperar el espíritu de consenso, de respeto y de tolerancia mutua que presidió el Pacto Estatutario, y que cristalizó en el Estatuto de Gernika. Sobre estas bases, en definitiva, tenemos que ser capaces de alcanzar un punto de encuentro para el siglo XXI. Un punto de encuentro entre los propios vascos y entre Euskadi y el Estado español.

Un punto de encuentro que nos permita, como decía la resolución del Parlamento Vasco aprobada por mayoría absoluta el pasado 16 de junio de 2000, "abordar futuros consensos básicos aún no alcanzados en Euskadi".

Eskerrik asko danori.