El objetivo de esta ley no es otro que defender la necesaria pluralidad política y la representación legítima de los partidos minoritarios, en muchas ocasiones penalizados por la excesiva rigidez de los sistemas electorales. Un modelo de democracia avanzada requiere de una sociedad civil fuerte y vertebrada, en la que las distintas organizaciones y colectivos puedan contribuir con su protagonismo a la necesaria profundización en el régimen de libertades y puedan contribuir también a estrechar los lazos entre la ciudadanía y las instituciones.

No es un secreto para nadie el alejamiento actual que existe entre la sociedad y la política. La participación real, directa o permanente es débil, y ante esta situación es necesario fomentar y fortalecer los cauces de presencia de la sociedad en la vida pública, incluidos los ámbitos institucionales, que han de estar abiertos a la pluralidad de la ciudadanía.