La aspiración a una sociedad de Bienestar implica necesariamente que la Administración Pública articule las medidas, recursos y mecanismos necesarios para realizar esa aspiración.
Hablamos de un Bienestar no pasivo o subsidiario, en el que las personas y grupos que no lo disfrutan reciban una compensación o ayuda puntual.

Se trata más bien de un Bienestar activo que propicie los medios y condiciones necesarias para el desempeño de una vida satisfactoria, en condiciones de libertad, suficiencia de recursos y seguridad personal. En definitiva se plantea y asume el acceso a las condiciones -económicas, sociales y personales- que propician un estado de bienestar, como el econocimiento de un derecho ciudadano, en última instancia humano.