Uno de los principales objetivos de una sociedad moderna, justa y democrática estriba en conseguir que el producto del crecimiento económico alcanzado, redunde en progreso y calidad de vida para
todas y todos los ciudadanos. Así, entre las acciones encaminadas a mejorar la distribución de la renta, se incluye este programa de Bienestar Social. Su objetivo central debe ser la protección y
promoción de las clases y sectores sociales más desfavorecidos, atendiendo a los criterios de justicia, solidaridad y cohesión social.
El carácter redistributivo y solidario que debe acompañar toda Política de Bienestar Social, es necesario desde el punto de vista de las actuaciones públicas, pero no suficiente para responder a
las situaciones de injusticia y exclusión. Por ello se hace imprescindible una actuación concertada de los poderes públicos, en sus diferentes ámbitos y departamentos, para eliminar las
causas que genera la exclusión social y la discriminación de unos ciudadanos respecto a otros.

En este sentido toda Política de Bienestar Social debe ser el complemento de las políticas económicas y de empleo necesarias para promover la igualdad y la
cohesión social.

  
La lucha contra la exclusión social -sea por razones económicas o personales- es uno de los principales retos con los que se enfrentan en la actualidad las sociedades occidentales. Se trata de
un reto particularmente complejo debido a una serie de razones: su naturaleza estructural y su carácter multidimensional, la imprecisión de sus límites, los fuertes cambios a los que éstas
están sometidos y, en definitiva, el proceso de dualización social que todo ello está ocasionando. Por eso se debe afirmar la idea que las políticas de bienestar social son una parte importante, pero
sólo una parte, de las actuaciones necesarias para luchar de forma global y efectiva contra la exclusión.
Desde el Programa de Bienestar Social se actuará de forma decidida para desarrollar los principios de actuación recogidos en la actual Ley de Servicios Sociales. Estos principios implican la
necesidad de una actuación decidida y dirigida desde los poderes públicos para asegurar la consecución de un auténtico Estado del Bienestar Social. Por ello, las iniciativas de este Programa estarán guiadas por los siguientes criterios:
  • Responsabilidad de los poderes públicos como garantía del derecho de ciudadanía a dichos servicios o Solidaridad como valor superior de las relaciones entre las personas.
  • Igualdad y Universalidad en el acceso a los Servicios Sociales.
  • Actuaciones encaminadas a la Prevención, Integración y Normalización.
  • Promoción de la participación ciudadana.
  • Planificación pública en la detección de las necesidades y organización de los servicios.
  • Coordinación y cooperación en el diseño de las actuaciones.
  • Descentralización de acuerdo con el principio de proximidad subsidiaridad.
  • Atención personalizada.
Este Programa se plantea como objetivo central la potenciación y fortalecimiento de sus actuaciones y competencias, dentro del marco que delimita la Ley de Servicios Sociales de 1996. Esta norma legal define como competencias de este Programa las siguientes:
  • Planificación General de los Servicios Sociales en la CAV.
  • Coordinación de las distintas actuaciones, tanto en relación con el resto de las    instituciones    públicas, como en lo referido a las iniciativas sociales.
  • Ordenación de los servicios sociales en lo referido a las condiciones para su adecuado    funcionamiento.
  • Realización de estadísticas y estudios sobre la situación de los Servicios Sociales.
  • Creación y mantenimiento del Registro General de Servicios Sociales.
  • Estudio e investigación de las causas de los problemas sociales y de los medios    necesarios para    su resolución.
El adecuado cumplimiento de estas competencias conlleva la exigencia de un fortalecimiento a todos los niveles de la estructura, personal y funcionamiento de este Programa.
Una prioridad del Programa de Bienestar Social será la promoción y asistencia de los grupos que por diferentes condiciones personales y/sociales se encuentran en situación de inferioridad o
discriminación. Hacemos referencia a la Infancia, Juventud, Mujer, Tercera Edad, Discapacitados y colectivos en situación de marginación y distocia social. Esta prioridad se ha de centrar en
promover actuaciones de prevención, inserción y participación social. Para ello, entre otros muchos instrumentos e iniciativas se van a plantear dos que resultan novedosas respecto a anteriores
realizaciones:
  • Realización de un estudio-investigación para determinar las necesidades reales de estos colectivos y analizar la eficacia de las actuaciones que se están llevando a la práctica.    En base a ello se propondrá un Plan de actuación coordinado que integre todos los    recursos existentes en la CAV.
  • Constitución de un Observatorio Vasco de Asuntos Sociales, que facilite la    comunicación y el intercambio de información y contribuya a la mejora de las políticas    de Prevención y Actuación.
El Decreto de Ayudas para las actuaciones en materia de Servicios Sociales es un instrumento fundamental dentro de las competencias del Programa de Bienestar Social. Se mantendrá en
su formulación actual con una ampliación de las partidas presupuestarias de forma que pueda atender debidamente las demandas y proyectos que surgen desde las entidades que prestan sus servicios en este campo. Estamos hablando de ayudas a la investigación en Servicios Sociales, el reciclaje de los profesionales que actúan en este campo, el apoyo a entidades supraterritoriales prestadoras de servicios y los programas de Prevención e inserción en el campo de la marginación y las drogodependencias- La Prevención, en su sentido más amplio, es la herramienta por excelencia en la lucha contra la exclusión y la discriminación social.
El Plan de Ayudas para Familias con hijos establece una serie de actuaciones de apoyo a la familia. Por lo que respecta a este Programa, le compete el ámbito de la mediación familiar y la ayuda
a Guarderías Infantiles. Por eso ambas actuaciones serán un eje fundamental dentro de los Programas de la Dirección La consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres es una cuestión que entra de lleno en los cometidos propios de esta Dirección, en cuanto supone un problema social que se revela con especial crudeza en múltiples situaciones
contempladas por los Servicios Sociales. Además constituye una obligación derivadas del compromiso adquirido por el Gobierno a través del Plan de Acción Positiva para las mujeres en Euskadi. La cuestión de género es un elemento transversal que afecta al conjunto de actuaciones del Gobierno y en el ámbito de los Servicios Sociales adquiere, como ya se ha indicado, una
importancia especial.
Los niños y niñas constituyen un colectivo particularmente sensible, sujeto de derechos específicos y de máxima prioridad que se derivan de su propia condición de dependencia. Por ello la protección de la infancia ante situaciones en que sus necesidades no están suficiente ni adecuadamente satisfechas, así como su participación activa en el ámbito social son objetivos a cumplir, que
nos remiten a la necesidad de completar un vacío legal que lamentablemente persiste en nuestra comunidad. En este sentido se plantea como prioridad la elaboración de una Ley del Menor que
refleje en un marco legal los derechos y los instrumentos para cubrir las necesidades de los niños y niñas. Esta Ley del Menor llevará aparejada la figura del Defensor del Menor, como instancia
para sensibilizar a la Administración y controlar que los derechos y necesidades sean reconocidos y cubiertas.
Históricamente las personas homosexuales y sobre todo aquellas que han llevado al ámbito social y de pareja esta opción afectivosexual, han sufrido una discriminación activa e intolerable en todos
los ámbitos posibles: político, religioso, educativo, civil, etc. Aunque la situación ha mejorado, dista mucho aún de ser aceptable y constituye una prioridad de este Programa y del conjunto del
Gobierno afrontar este problema en el marco de sus competencias. Por ello y en el plazo más breve posible se presentará una Ley de Parejas de Hecho que recoja las demandas planteadas por los
colectivos de Gays y Lesbianas y plantee los instrumentos necesarios para superar las discriminaciones existentes. Todo ello, claro está, dentro de las posibilidades competenciales de este Gobierno. Junto a la Ley, se va a crear un Registro de Parejas de Hecho en el marco de la CAV y se van a plantear las iniciativas necesarias para facilitar el reconocimiento de derechos y la libre
expresión social y pública, a menudo coartada por actitudes homofóbicas.
El fomento de la iniciativa social y el voluntariado en actividades concretas dentro del campo social, constituye una prioridad en la acción de la Administración para mejorar e incrementar la solidaridad. El desarrollo de la ley del Voluntariado con la creación de un Registro del Voluntariado deberá servir para lograr el objetivo de incrementar la iniciativa y participación social, con la promoción de actitudes de solidaridad. En definitiva, la participación ciudadana es un instrumento básico en el desarrollo de un auténtico Estado de Bienestar.
La sociedad, a pesar de haber recorrido ya un camino en este empeño, tiene una deuda pendiente con las personas que fueron víctimas de cárcel y persecución durante la dictadura franquista.
En este sentido, esta Dirección se compromete en la presentación con carácter inmediato de un Decreto que recoja un plan de ayudas y el reconocimiento de todos aquellos que sufrieron esta
opresión y cuyos derechos aún no han sido atendidos por las iniciativas que hasta ahora se han tomado.